Juan Pablo Sierra
Alcázar de San Juan
Junto a ello, el Pleno alcazareño aprobó por unanimidad en los votos diversas cuestiones, como lo fueron la encomienda de gestión del Servicio de Recogida de Papel y Muebles a la empresa Viveros Abedul, el cual se pondrá en funcionamiento en las próximas semanas, la aprobación del consorcio con la UNED, lo cual supone una reforma de los estatutos, y la cesión del edificio municipal donde se encuentra actualmente ubicado el centro en la localidad.
La modificación de las Ordenanzas Fiscales 2017 relativas a los impuestos salió adelante con la oposición del Grupo Popular, quienes argumentaron su voto desfavorable sobre “la subida de impuestos realizada el pasado año 2016 por el equipo de Gobierno”, y presentaron una contrapropuesta de modificación respecto al aumento de determinadas bonificaciones, como IBI, ICIO o IAE.
Un debate en el que Melchor, tras no tener en cuenta las alegaciones de los Populares por “no haberse presentado en tiempo y forma”, explicó que esta modificación “no supone una subida de impuestos, sino que con ello se equiparan las bonificaciones a las Viviendas de Protección Oficial a la normativa nacional y se establece el paso de presentación de solicitudes para la bonificación del IBI a familias numerosas entre el 2 y 31 de enero (ambos inclusive), además de aprobarse el calendario fiscal para el próximo año”; recordando con ello que quiénes pagan impuestos es “porque tienen algún tipo de bien” y que el pago de estos impuestos debe servir “para ayudar a aquellos que no generan ingresos”. Un asunto relacionado más directamente con tasas y precios públicos que serán debatidos próximamente.
Unanimidad
En esta sesión se debatieron 12 puntos más, de los cuales 7 fueron aprobados por unanimidad. Entre éstos, se encuentra la aprobación de la encomienda de gestión del servicio de recogida de papel y muebles usados a favor de Viveros Abedul que, como adelantó el concejal encargado de esta área, Antonio Jesús García, estará operativo en las próximas semanas. La gestión se adjudica por 2.324,55 euros anuales. Se recupera así un servicio que lleva diez meses sin poder prestarse por la falta de un vehículo para tal fin, ya que el que se usaba terminó su vida útil y ya dio problemas durante la pasada legislatura, en la que el servicio estuvo ocho meses suspendido.
