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Aprueban la ZAS de El Torreón y los hosteleros anuncian posibles demandas

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Lanza
Dieron luz verde, con 24 votos, a los presupuestos para 2017, aunque el PP dice que pensaba que estaban votando para rechazar una reclamación

J. Y.
Ciudad Real

La Zona Acústicamente Saturada, conocida como ZAS, para las calles Hidalgos, Madrilas, Cierva y la Avenida del Torreón  sus medidas correctoras fue aprobada este jueves por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, con los votos a favor de PSOE y Ganemos, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP.

Este punto fue uno de los que suscitó más debate en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, por el alcance que tendrá la ZAS en los negocios de una cuarentena de hosteleros (algunos presentes en el Pleno, que anunciaron posibles demandas judiciales) de esa zona de El Torreón, principalmente por las medidas que recoge como la reducción en una hora del cierre de discotecas y terrazas. 

El edil de Medio Ambiente, Alberto Lillo, defendió el derecho al descanso y a la salud, compatible, a su juicio, con el desarrollo económico y empresarial de los hosteleros, así como recordó que esta Zona Acústicamente Saturada no se había prorrogado desde hace cinco años.
Igualmente, en sus intervenciones subrayó la posibilidad de presentar alegaciones en el periodo que se abrirá porque no es definitivo, así como dijo tener la  mano abierta para seguir “las conversaciones” porque “me molesta tener que poner multas”, así como se comprometió a “seguir buscando una solución al botellón”.

“Pido apoyo a los grupos políticos implicados, a la Asociación de Hostelería y a los vecinos para que en la Mesa de la Convivencia participen en la búsqueda de soluciones y para el bienestar de los vecinos y un desarrollo empresarial tranquilo”.
De su lado, Rosario Roncero, del PP, reconoció que “es complicado” conjugar el ocio con el descanso, si bien vio “una chapuza y un ejercicio de autismo la modificación de la ZAS porque hay una serie de calles de la zona que se quedan sin protección acústica, al igual que la zona del botellón.

Por su parte, Pedro Fernández, de Ciudadanos planteó el traslado de la zona de ocio de este punto céntrico de la ciudad a otro lugar y valoró la mano abierta de Lillo porque “se podrían aportar grandes ideas para que los vecinos tuvieran calidad de vida que Ciudad Real merece”.

“No soluciona nada”
Los propios hosteleros que acudieron a la sesión pusieron de manifiesto su malestar porque la ZAS “no soluciona nada” y anunciaron alegaciones en el proceso, incluso posibles demandas judiciales.

“No nos vamos a quedar con las manos quietas” porque “han dicho mentiras sin paragón”, se quejó Pablo José Victoria, vocal de la Asociación de Hostelería, quien aseguró que “somos apolíticos” y que las pérdidas alcanzarán a 230.000 euros. Según trasladó a los medios “en los últimos ochos años se ha reducido a la mitad el ruido con las medidas que tomamos como la doble puerta o el incremento de aislamientos”, por lo que “no tiene sentido”. A su juicio, “afectará a los negocios y la plantilla, que en total es de 260 personas”.

Victoria recogió las demandas que previamente había plasmado en un comunicado con sus revindicaciones, y aseguró que “es un atropello, no soluciona nada y es una medida sin consensuar que se ha tomado a la desesperada”.

Televisión Municipal
También se ratificó la incorporación de la plantilla del personal de la Televisión Municipal, que empezó a emitir este lunes, tras más de un año sin actividad, y que fue apoyada por todos los grupos, excepto el del PP, que se abstuvo.

Los portavoces de C’s y PP denunciaron el gasto de más de 220.000 euros que ha significado para las arcas municipales el proceso de remunicipalización de la televisión, “una mala gestión”, y que se haya tenido que readmitir a los trabajadores por sentencia judicial, mientras que el PSOE y Ganemos defendieron este procedimiento porque obedece al “interés general”, aunque todos se alegraron de la reapertura del medio de comunicación.

Presupuesto

Otro momento de desconcierto en el pleno de este jueves fue el referido al debate de la resolución de alegaciones y reclamaciones, y la aprobación definitiva del presupuesto general municipal para el ejercicio 2017, de casi 70 millones de euros, porque, según los ediles del PP, que votaron a favor (menos uno), pensaban que estaban apoyando la desestimación de una alegación presentada por la plataforma Cultura en Transición, pero no el presupuesto.

Este colectivo había registrado  una reclamación al proyecto económico pero según un informe de Intervención no se podría considerar como tal, y había que votar su desestimación como último paso para elevar el presupuesto a definitivo.

El resultado fue que toda la Corporación votó a favor, pero Pedro Martín replicó y dijo que él no había votado, por lo que se cerró el acto con 24 votos a favor. Si nembargo, el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez quiso dejar claro que su grupo no está a favor del presupuesto.

No a los ‘5 del Buero’
En un ámbito más sociopolítico, no salió adelante una moción de Ganemos para apoyar a los conocidos como ‘los cinco del Teatro Buero’. La propuesta, que pedía que el Consistorio se dirigiera a las instancias implicadas en el procedimiento judicial contra cinco activistas imputados por unas protestas de 2011 en Guadalajara, provocó un caluroso cruce de opiniones entre los diferentes grupos.
Prado Galán, defensora de la moción consideró “exagerada y desmesurada” la petición de la acusación particular de hasta cuatro años de cárcel a cada uno de ellos, así como cree que ha habido “represión política”,  mientras que Pedro Fernández, de C’s, se mostró a favor de no injerir en en el poder judicial, y se mostró a favor de esperar a que se desarrolle el proceso judicial.
Por su parte, Rosario Roncero, del PP,  acusó a los concejales de Ganemos de “retorcer y cercenar” la Constitución, que garantiza que España es un estado democrático de derecho que garantizan los derechos individuales y colectivos”, al igual que defendió la presunción de inocencia de ‘Los 5 Buero’.
Por su parte, Sara Martínez, portavoz del Equipo de Gobierno, se mostró a favor del derecho a la manifestación, sobre todo en época de recortes, aunque justificó su abstención porque en este caso “es una decisión judicial”.
Sí se condenó por unanimidad la matanza de los abogados de Atocha, en la que perdieron la vida cinco abogados laboralistas hace ahora 40 años. La moción presentada por Ganemos fue modificada en el transcurso de la sesión, a petición de PP y Ciudadanos, y así pudo alcanzar el voto favorable de toda la Corporación, que será trasladado al Consejo de la Abogacía Española.
La parte retirada se refería a la reprobación de la decisión del alcalde de Casasimarro (Cuenca) de rechazar la colocación de una placa en memoria de Ángel Rodríguez, una de las víctimas.

Javier Heredia, de Ganemos, subrayó el papel de los abogados asesinados en la recuperación de la democracia y las libertades en España, mientras que Pedro Fernández, de C’s recordó el papel de de los políticos de la Transición.
Aurora Galisteo condenó, en nombre del PP, estos “brutales asesinatos”, pero también los acaecidos en esa fecha, con numerosos crímenes cometidos por Eta, Grapo y otras organizaciones.

 

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