La organización Ecologistas en Acción-Ciudad Real ha presentado ante la Fiscalía de Medioambiente de Castilla-La Mancha una denuncia contra las termosolares Helios I y Helios II que la empresa Abengoa tiene en la provincia de Ciudad Real.
Según han informado hoy esta organización en un comunicado, la denuncia se justifica en el incumplimiento por parte de la empresa que gestiona estas plantas termosolares de las medidas correctoras incluidas en la declaración de impacto medioambiental que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dictó previo a otorgarle la autorización para su instalación.
La instalación de estas plantas termosolares, que se encuentran en terreno situados en los municipios de Arenas de San Juan, Villarta y Puerto Lápice, según los ecologistas, supuso la ocupación de parte de la llanura de inundación del río Gigüela, causó daños a una formación geológica singular como era una paleoduna y, además, supuso la destrucción de una dehesa que contenía encinas centenarias.
A todo ello, han indicado en su comunicado los ecologistas, se une ahora la posibilidad de que la empresa pudiera estar comprando derechos de agua derechos de agua en un supuesto “mercado negro”.
Esto sería así, debido a la elevada demanda de agua que necesita la empresa y que podría provocar la apertura de pozos ilegales por parte de quien venda sus derechos para uso industrial, aunque mantuviera, fraudulentamente, sus explotaciones agrícolas.
Esta organización ecologista ha recordado que ya en 2010 cuando se dio “luz verde” a la instalación de estas plantas, el estudio de impacto ambiental determinó que el emplazamiento elegido no era el idóneo por afectar negativamente al patrimonio natural, a los derechos de uso del agua, a la conservación de caminos y cañadas, al dominio público hidráulico del río Gigüela y a la integridad de ejemplares maduros de encinas, que constituían un hábitat protegido.
Así mismo, ha recordado que los agentes medioambientales emitieron un informe de incompatibilidad medioambiental del proyecto.
La denuncia apuntaba deficiencias en las declaraciones de impacto ambiental, como la fragmentación del proyecto en dos, la inexistencia de informes de cuantificación de especies amenazadas o su incompatibilidad con la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, al requerir un volumen de 1.600.000 metros cúbicos de agua al año que tenían que ser sacados del explotado Acuífero 23.
Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ciudad Real, que a su vez dio traslado de las mismas al Fiscal Superior.
Los ecologistas quieren que la Fiscalía, además de investigar el incumplimiento de la medidas correctoras, también depure responsabilidades entre los funcionarios de la administración que participaron en la redacción de los informes favorables que finalmente permitieron la instalación de estas plantas en este lugar.
En su opinión, estos informes “redujeron u ocultaron daños irreversibles a un hábitat protegido, con el agravante de albergar rapaces amenazadas, igualmente protegidas”.
