La sección primera de la Audiencia de Ciudad Real iniciará el próximo lunes el juicio por delito ambiental contra la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, la socialista Jacinta Monroy (alcaldesa desde 2011) y los concejales que han ocupado el área de medio ambiente Antonio Gil (2011-2015) y Jesús Manuel Ruiz (2015-2019).
La fiscal de Medio Ambiente Arantxa Vinuesa los responsabiliza de incumplir de forma sistemática durante años la normativa de vertidos de aguas residuales y no hacer lo posible por corregirlo, en un proceso penal que podría sentar un precedente en la provincia.
El caso, que se destapó a raíz de las denuncias y quejas de vecinos del paraje del Juncal, perjudicados directamente por los vertidos sin depurar al río Tirteafuera en el año 2014, se tenía que haber celebrado hace un año, pero se suspendió por la pandemia (estaba señalado para el 16 de marzo de 2020).
El Ayuntamiento aparece como responsable civil subsidiario por las consecuencias ambientales en el río, si bien la cantidad se tendrá que establecer en una pieza separada, en caso de que los acusados sean declarados culpables.
Autorización provisional de vertido
El municipio de Argamasilla de Calatrava (5.900 habitantes) dispone de una autorización provisional de vertido de aguas residuales otorgado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana desde marzo de 2004. La normativa vigente fija que si bien puede verter aguas, los municipios de entre 2.000 y 15.000 habitantes, deben aplicar a las aguas residuales recogidas un sistema de colectores, un tratamiento y un proceso equivalente antes del 1 de enero 2006.
La autorización provisional de vertido (filtro verde) que fijó la CHG a este Ayuntamiento establece una serie de condiciones de tratamiento del agua y las condiciones en las que se debe verter al río Tirteafuera.
La acusación de la fiscalía parte de que tanto la alcaldesa como los concejales del área, “conocedores de la inexistencia de una instalación adecuada de depuración de aguas residuales urbanas e industriales a la que vienen obligados desde el 1 de enero de 2006 no han procedido a su implantación y han incumplido las condiciones cuantitativas y cualitativas en el vertido al filtro verde”, dice textualmente el escrito de acusación de la fiscalía.
“De este modo la autorización provisional de vertido ha sido sistemáticamente incumplida por los investigados sin que hayan puesto todos los medios necesarios para poner fin a los incumplimientos de la normativa medioambiental a que vienen obligados”, argumenta la fiscalía.
Deterioro ecológico del río Tirteafuera
La fiscal especializada en medio ambiente entiende que como consecuencia de los vertidos directos sin depurar al cauce del río Tirteafuera e indirectos por filtración de aguas residuales, ante el mantenimiento inadecuado del filtro verde para las necesidades de un municipio como este, “se aprecian signos de deterioro ecológicos y daños sustanciales en la calidad de aguas superficiales y subterráneas lo que supone un grave riesgo de perjuicio para el equilibrio del sistema natural y la salud de las personas”.
“Debe tenerse en cuenta que el lecho del río, aguas abajo de los vertidos, se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC: ES4220003) definido, entre otros aspectos, por el valor ecológico de las especies y comunidades de organismos acuáticos que alberga. La existencia de vertidos fecales sin depurar posibilita la persistencia en el medio de patógenos humanos asociados a este tipo de contaminación”, añade el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal.
El juicio, en el que intervendrán expertos en calidad de aguas y depuración, entre ellos un ecotoxicólogo forense, se celebrará ante la sección primera en al menos seis sesiones entre el próximo lunes 12 y el 19 de abril.
La depuradora ya está en marcha
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava tiene en marcha el proyecto de construcción de la depuradora de aguas residuales en estos momentos. Sobre este caso Jacinta Monroy ha afirmado en varias ocasiones previas a la celebración del juicio que está dispuesta “a seguir colaborando con la justicia”.
Monroy afirma que es la principal interesada en colaborar con la justicia desde que comenzó la causa, “de igual manera que hemos venido luchando por una depuradora que ya está en obras”.
Acusación particular y popular
La fiscalía solo acusa a la alcaldesa de un delito ambiental, aunque hay más imputaciones (falsedad documental, prevaricación administrativa y lesiones) de las acusaciones personadas, la plataforma vecinal (acusación particular) y la popular que ejerce Ecologistas en Acción.
