Lanza /B.R.
Ciudad Real
El grupo popular quiere prorrogar hasta 2020 aquellos usos privados, que como la caza, se puedan llevar a cabo en fincas particulares situadas en el interior de los parques nacionales, de acuerdo con la enmienda 278 presentada ayer por este partido en el Senado y que se hace para prorrogar la caza dentro del parque nacional de Cabañeros más allá de 2017, el límite actual.
La enmienda calificada como ‘enmienda Cospedal’ o ‘bomba parlamentaria’ por algunos grupos de la oposición, se ha incorporado al dictamen del proyecto de ley de parques nacionales, aprobado hoy en solitario por el PP en el seno de la Comisión de Medio Ambiente.
Al texto, que está previsto será votado en sesión plenaria la semana que viene, se han presentado más de 270 enmiendas así como siete vetos por parte de IU, ERC, Entesa, Grupo Socialista, CIU, PSC, y Foro Asturias, cuyos portavoces han considerado que la futura norma “invade competencias”, “desprotege” la naturaleza y “consagra privilegios de privados”.
Responsables de WWF y SEO/BirdLife, que siguieron el debate en el Senado, declararon Efeverde su rechazo a la ley y consideraron que la nueva redacción de la polémica enmienda plantea una «mejora insuficiente» y no enfoca el problema principal que la ha generado, que no es otra, que la caza en el parque de Cabañeros.
No obstante, y según informa Ecologistas en Acción en un comunicado, han valorado positivamente que el PP haya rectificado en parte su propuesta inicial que, tal y como advirtieron hace una semana estas organizaciones a los grupos parlamentarios, permitía abrir la puerta a que estas actividades pudieran seguir realizándose de forma perpetua en los parques nacionales.
La actual ley socialista, que el Gobierno quiere reformar ahora con este proyecto, fijaba como fecha límite el año 2017 para los usos privados (caza, pesca..) que llevan o llevaban a cabo los particulares con propiedades dentro de los parques.
No hay rebajas
En defensa del texto, la senadora Juan Francis Pons negó que se rebaje el nivel de protección y argumentó que uno de los principales objetivos es lograr una mayor coordinación entre las administraciones.
Durante el debate, Enrique Iglesias (IU) afirmó que el proyecto degrada y devalúa estos espacios y busca una doble rentabilidad: la de los propios parques y la que puedan obtener propietarios privados de términos comprendidos en estos espacios. Para Joan Saura (Entesa), quien ha calificado la enmienda 278 de «bomba parlamentaria», la futura norma desprotege y «lamina» competencias y «posiblemente» responde a presiones de intereses económicos.
