La Comisión Europea ha pedido a España que asegure que las necesidades “cuantitativas y cualitativas” de especies y hábitats protegidos en las cuencas hidrográficas del país se traduzcan en objetivos “específicos” para cada zona y también en medidas “relevantes” de supervisión.
Así consta en el informe que Bruselas ha elaborado sobre el segundo ciclo de planes de gestión de cuencas hidrográficas para el periodo de seis años entre 2015 y 2021, que todos los estados miembros debían elaborar y notificar a las autoridades europeas.
Además, el Ejecutivo comunitario reclama a España una implementación “adecuada” del artículo de la directiva sobre recuperación de costes, incluido el cálculo y la internalización de los costes medio ambientales y de gastos.
Más caudalímetros
La Comisión Europea también insta a España a hacer un mayor uso de medidores de caudal para “asegurar que se miden y registran todas las sustracciones”, así como que “los permisos se adaptan a los recursos disponibles”.
También pide que se garantice que los usuarios informar con carácter regular a las autoridades de cada cuenca acerca de los volúmenes extraídos, “especialmente en aquellas cuencas que presentan una presión significativa de extracciones”.
Por último, Bruselas recomienda a las autoridades españolas que adopten “a tiempo” los siguientes planes de gestión de cuencas hidrográficas, respetando los requisitos sobre consultas públicas, y que aprueben los planes de gestión de sequías.
Riesgo de inundaciones
Con respecto a los planes nacionales de gestión del riesgo de inundaciones, que también ha evaluado la Comisión Europea, el informe pide a España que adopte “urgentemente” los correspondientes a las Islas Canarias.
De la misma forma, propone que quede mejor explicado y documentado el proceso de priorización de objetivos. Por ejemplo, Bruselas señala que España debería explicar qué instituciones u otros organismos toman parte y qué razones se han argumentado para decidir sobre la prioridad de cada uno de los objetivos.
En la misma línea, señala que las autoridades españolas deben explicar la metodología que han utilizado para evaluar las medidas en términos de costes beneficios, así como la aplicación y los resultados de dichos análisis.
Por último, el informe del Ejecutivo comunitario ha apuntado que España debería tener en consideración los efectos del cambio climático, incluida una “consideración sistemática” en la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
