Mercedes Camacho
Ciudad Real
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, anunció ayer su intención de mantener, durante el próximo año, los tres millones de euros que la institución provincial destina este año a ayudas de emergencia social para paliar las necesidades más urgentes de las familias ciudarrealeñas que atraviesan situaciones más difíciles.
Así se lo transmitió Caballero a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con quien mantuvo este lunes una reunión en la Diputación encaminada a analizar las políticas sociales que desarrolla cada administración y establecer las líneas prioritarias de actuación conjunta.
“Esas ayudas, que nacieron ante la inacción del anterior Gobierno regional, sirven para paliar las necesidades básicas y urgentes de los que peor lo están pasando”, subrayó el máximo responsable de la institución provincial, quien anunció que también se mantendrán cuatro millones del presupuesto de la Diputación en 2016 para las ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y organizaciones y asociaciones que trabajan con personas relacionadas con la discapacidad.
Además de estos anuncios, el presidente de la Diputación quiso agradecer la disposición del Gobierno regional, y de la Consejería de Bienestar social, para favorecer una alianza entre administraciones que revierta en una mayor disponibilidad de recursos para atender las necesidades de los ciudarrealeños que más sufren una crisis que se prolonga desde hace casi ocho años.
“Me consta que es una prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha la ayuda a quienes más lo necesitan y por eso he querido poner a disposición del gobierno regional los recursos económicos y humanos, y todo el apoyo institucional y político de la Diputación de Ciudad Real al servicio de la causa que sé que nos une y que compartimos, que no es otra que la de los oprimidos, de los que peor lo están pasando, la causa de los más necesitados”, indicó José Manuel Caballero.
Refugiados
Asimismo, señaló, también se refirieron durante la reunión a la situación de los refugiados sirios en España para lo que, recordó Caballero, la Diputación provincial de Ciudad Real fue una de las primeras administraciones en actuar al disponer 200.000 euros para ayudar a aquellos ayuntamientos que acogieran refugiados.
Sin embargo, recordó, se está a la la espera de lo que disponga el Gobierno de España, agradeciendo que desde la Consejería de Bienestar Social se coordinen en su momento las acciones para atenderlos en las mejores condiciones “y, sobre todo, que cuente con las diputaciones para ello”, concluyó el presidente de la Diputación de Ciudad Real.
Agilización de las ayudas de la dependencia
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, aprovechó el encuentro para anunciar que la Junta publicará este mes el decreto con la orden de Dependencia que cubrirá el vacío legal existente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anulaba la anterior -”de forma que se dará seguridad jurídica a los dependientes”- y se contratará a personal interino para agilizar los 26.000 expedientes pendientes que “nos encontramos pendientes al llegar al Gobierno regional y de los que 22.000 eran de dependientes de Grado I”.
Según señaló la consejera “la dependencia es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha y para su presidente, Emiliano García-Page”, por lo que se contratará a 43 interinos que “apoyen a las direcciones provinciales y agilicen los trámites de la dependencia y de la ayuda emergencia social e ingreso mínimo de solidaridad”.
Según informaron desde la Junta, en septiembre descendieron en 1.658 las solicitudes de castellano-manchegos pendientes de valoración, mientras que se incrementaron en 244 los beneficiarios; se elevaron en 108 las prestaciones de tele-asistencia; en 43 los beneficiarios en Centros de Día; en 185 los que tienen plaza en residencias; y en 29 los que reciben prestación económica vinculada a servicio.
Además, destacó que el Gobierno de García-Page se centra también en ayudar a personas con discapacidad; infancia y familia; personas con necesidades económicas; y a refugiados.
Para ello, se trabaja en medidas para paliar la pobreza energética; garantizar la atención temprana; o un sistema que garantice la tutela permanente de personas con discapacidad cuando no estén sus familiares o no se puedan hacer cargo.
