J .Y./ Ciudad Real
Los presidentes de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir) y de Caja Rural Castilla-La Mancha, Carlos Marín y Javier López, respectivamente, suscribieron este lunes un convenio dirigido a los 10.000 asociados de la federación empresarial, que podrán acceder a diferentes productos financieros y de liquidez, con un montante global de 60 millones de euros.
Marín dijo que estos acuerdos con entidades financieras “son necesarios” para el tejido industrial de la provincia, pues la mayoría son micropymes y autónomos. “Todavía hay ciertos sectores, como son los emprendedores por cuenta propia, a los que no les llega la inversión, y por ello los convenios con entidades bancarias como ésta tienen una connotación muy especial, porque está muy ligada a la región y al colectivo empresarial”, y por lo tanto “son muy necesarios”.
Así, dijo esperar que el acuerdo se traduzca “en operaciones e importantes números para nuestros asociados, empresarios y autónomos”.
‘Nubarrones’
En este ámbito, Marín describió un escenario económico “con nubarrones en el horizonte”, tras la “subida del barril de petróleo Brent, el encarecimiento de los tipos de luz y el lastre en el consumo por el paro, que no bajará del 18%”.
Así, el líder empresarial defendió las reformas y abogó por su continuación, así como dijo “estamos volcados en las pymes y los autónomos”.
De su lado, el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha mostró su satisfacción con la firma del convenio, que avala su compromiso con las empresas para poner a su disposición financiación y liquidez “y que les ayude a incrementar sus negocios y proyectos y a crear riqueza y dinamismo”.
Tras recordar la “vinculación extraordinaria de la entidad con Fecir”, aseguró que “apoyamos a los autónomos en todos los momentos, en los más y menos difíciles, y apostamos por ellos con líneas específicas de financiación”.
Convenio de Siderometalurgia
De otro lado, tras dos años de una negociación “complicada”, la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES), Maite Rodríguez, y los representantes de la Federación de Industria de CCOO, y la del Metal, Construcción y Afines de UGT, David Vera y Sebastián Correas, respectivamente, firmaron el convenio colectivo del sector, que afecta a unos 12.000 trabajadores de la provincia y que tendrá una vigencia de cuatro años (entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018).
De esta manera, se alcanza la ‘paz social’ en un sector económico muy importante en la provincia, con cientos de empresas dedicadas a la carpintería, estructuras metálicas, comercio del metal, electricidad, telecomunicaciones y térmicas, y que se ha visto lastrado por los años de crisis.
Rodríguez valoró positivamente el acuerdo, que contempla un incremento salarial medio “moderado”, dado que se han acordado “subidas paulatinas”, con cero para 2015, un 1,10% para 2016 (se aplicará con carácter retroactivo), un 1,6% para el presente año y para 2018, un 1,8%.
La portavoz de la patronal destacó la “apuesta por la estabilidad en el empleo”, una reivindicación sindical que han pactado, y que aportará “tranquilidad” a los trabajadores de las contratas, pues en 2018 “serán subrogadas, tanto las públicas como las privadas”.
Este marco laboral es extensible a los trabajadores (unos 3.000) de la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción (APEA), un sector que se lleva acogiendo desde hace años al convenio del metal.
Precisamente, el presidente de Fecir, Carlos Marín, es el máximo responsable provisional de APEA, que aprobó hace dos años la negociación de un convenio propio.
Por la mañana, al ser preguntado por la negociación colectiva provincial, dijo que “estamos muy adelantados”, ya que se han firmado los convenios colectivos de Transporte Viajeros y Transporte de Mercancías y el reciente de Sidero, además de los ya suscritos de Hostelería y Construcción. “No nos hemos levantado de mesas”, apuntó Marín como un síntoma positivo en las negociaciones.
