“La verdad solamente tiene un camino”. Con estas palabras han celebrado los promotores inmobiliarios de Campo de Criptana Ramón y Agustín Olivares su absolución de los delitos de estafa e insolvencia punible, por los que fueron juzgados hace tres semanas ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
“Llevamos nueve años con esto y para nosotros, que somos unos trabajadores seguimos en el sector y tenemos empleados a nuestro cargo, ha sido una pesadilla. El daño que nos han hecho estas personas ha sido muy grande”, señala Ramón Olivares, tras conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Ciudad Real, que se les notificó ayer.
El fallo, que no van a recurrir aunque el cuerpo les pide “reclamar a esta gente [los querellantes] por todo el daño que nos han hecho”, agregan, les exime de toda responsabilidad penal, aunque declara de oficio las costas procesales que sus abogados José Antonio Choclán y Rafael Franco exigió en su alegato de defensa.
En la picota desde 2009 por una querella a la que luego se sumó la fiscalía
Los hermanos Olivares, muy conocidos en la comarca de Campo de Criptana, llevan en la picota pública desde 2009, cuando se querellaron contra ellos dos clientes con vínculos en Campo de Criptana y Pedro Muñoz. Estas dos familias, a las que ellos llaman “especuladores”, les entregaron en el año 2005 varias cantidades de dinero (30.000 euros en total) en concepto de señal por la reserva de compraventa de unos pisos como segunda residencia en dos promociones que los Olivares, administrador y apoderado del Grupo Casoli entonces, estaban construyendo en Campo de Criptana y Pedro Muñoz.
Tres años después, con la obra terminada, los promotores dicen que estos matrimonios se echaron para atrás y les dieron largas a la hora de escriturar y formalizar la venta. “Les avisamos hasta en tres ocasiones, hasta que decidimos vender la sociedad a otra empresa, eso es todo”.
Los querellantes dice que Casoli los dejó “colgados”
Sin embargo los denunciantes, que llegaron a pedir 5 años de cárcel para los hermanos por estafa e insolvencia punible, calificación a la que se sumó la fiscalía provincial, han mantenido que fue el Grupo Casoli el que desapareció de buenas a primeras los dejó “colgados”, sin la señal y sin piso (uno de ellos compró después un piso mayor a la empresa Servihábitat que terminó quedándose con los inmuebles).
También consideran que utilizaron a una empresa pantalla, Reno Majarts, para eludir sus obligaciones con estas personas, vendiéndoles su sociedad, algo que los acusados han negado en todo momento (en el banquillo se sentó una empleada de esta sociedad que también ha sido absuelta de insolvencia punible).
No hubo engaño, dice la sentencia
“En ninguno de los tres supuestos enunciados en los indicados expositivos nos encontramos con que haya acreditado que concurra el engaño (…) lo que hace que no exista conducta defraudatoria, es más si la dinámica comisiva se origina, tal y como sostiene la acusación particular, lo que no se ha demostrado sucediese y que expresamente se rechaza, en todo caso nos situaría ante un delito de apropiación indebida, por el que no se ha formulado acusación”, recoge textualmente el fallo judicial en relación con el delito de estafa.
En cuanto a la supuesta insolvencia punible, el tribunal considera que el patrimonio de Grupo Casoli S.L. permaneció inalterado hasta el punto de ser finalmente transmitido por el nuevo administrador (Reno Majarts) con posterioridad a Servihabitat. “No se ha acreditado ni nada abona lo contrario que las viviendas tenían por objeto los contratos de los que las acusaciones pretenden derivar la existencia de sus créditos seguían perteneciendo a la citada mercantil lo único que cambio fue el sustrato personal de los titulares”, rematan.