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24 febrero 2024
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Castilla-La Mancha tiene que estar “de moda” no por pertenecer a la España vaciada, sino por ser “un territorio de oportunidades”

Jesus Alique Congreso Despoblacion Territorio Gobierno Local CD 1
Jesús Alique, comisionado del Reto Demográfico en Castilla-La Mancha / Carlos Díaz (archivo)
Noemí Velasco / CIUDAD REAL
El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, analiza la evolución demográfica en las últimas 4 décadas en Castilla-La Mancha y hace balance de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, aprobada por unanimidad hace dos años. El presupuesto de la Junta para 2023 dedica 1.714 millones de euros a la lucha contra la despoblación, lo que supone un 3,6 por ciento del PIB. Son 2 puntos más de lo que defendió Teruel Existe en el Congreso

Cuarenta años desde la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha dan para un profundo análisis demográfico, y más cuando los diferentes gobiernos han puesto el punto de mira en los desequilibrios en la distribución de la población. En este tiempo, la comunidad autónoma no ha dejado de pertenecer a lo que llaman hoy en día la ‘España vaciada’, aunque su población ha crecido un 24 por ciento.

“El cambio demográfico más evidente ha sido que hemos pasado de tener menos de 1,7 millones de habitantes a 2.049.980 a fecha de 1 de enero de 2022”, destaca Jesús Alique, comisionado del Reto Demográfico. La densidad de población de Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma con mayor territorio, es parecida a la de Castilla y León y Extremadura, pero ha sido la única que “ha crecido en habitantes”.

Si entre los años 60 y 80, los castellanomanchegos salían fuera en busca de trabajo “y no regresaban”, Jesús Alique asegura que en la actualidad la comunidad “es tierra de acogida”, de personas inmigrantes y también de empresas, porque existen “más y mejores oportunidades laborales”.

Dos datos. Por un lado, Castilla-La Mancha “encabeza el ranking de confianza empresarial” y, por otro, en Castilla-La Mancha viven hoy 192.000 extranjeros, mientras que hace 40 años eran solo 644. Este último es muy importante, porque el saldo migratorio positivo está detrás del crecimiento de población, dado que en la actualidad mueren más personas de las que nacen, por la bajada de la natalidad.

Del Corredor del Henares a la CLM más rural

El crecimiento no ha sido uniforme y “es uno de los problemas estructurales de la despoblación”, avisa Alique. Está claro que existen muchas diferencias entre el Corredor del Henares y la zona de la Sagra de Toledo, que en estos momentos actúan como una prolongación de Madrid, frente a la red de grandes urbes manchegas y el conjunto de comarcas de las cinco provincias sometidas a la sangría demográfica.

En primer lugar, Jesús Alique celebra el desarrollo de lugares en Toledo y Guadalajara con “gran actividad económica”, que permiten vertebrar la región y que hoy son receptores de habitantes y empresas, las mismas que antes acababan en Madrid. Asimismo, hace referencia al desarrollo de importantes núcleos de población en torno a las capitales de provincia.

En segundo lugar, el comisionado del Reto Demográfico destaca que el problema de la despoblación en la España rural “no es exclusivo de Castilla-La Mancha”, sino del conjunto del país e incluso de Europa, “que cada vez es más consciente”. Pero es que la tendencia es similar en todo el mundo y Alique hace referencia a China, donde cada año millones de personas emigran del campo a la ciudad.

Una norma pionera: la Ley frente a la Despoblación

zonificacion clm
Zonificación del medio rural en Castilla-La Mancha / JCCM

La aprobación de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural convirtió a Castilla-La Mancha “en un referente en España y en Europa a la hora de abordar el reto demográfico”, destaca Alique. Esta norma “consiguió el acuerdo de todos los grupos políticos, con un planteamiento transversal y que pretende una convergencia de territorios al garantizar el acceso a los servicios públicos independientemente del lugar donde se viva”.

“En estos 40 años, Castilla-La Mancha había desarrollado políticas para garantizar escuelas, sanidad, los servicios públicos en los pueblos, generar oportunidades. Ahora bien, hace 2 años se elevaron a rango de Ley estas políticas. Quedaron blindadas, para que no corrieran peligro, como ocurrió con el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que cerró escuelas y puso en peligro los centros de salud”, explica Jesús Alique.

Fruto del “consenso social y político”, la Ley incorporó medidas nunca antes contempladas. Entre ellas, una fiscalidad diferencia por zonas, que permite por ejemplo “una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica del IRPF por estancia efectiva en zonas escasamente pobladas”, y medidas de discriminación positiva a favor de las personas que viven en zonas rurales para acceder a ayudas y subvenciones.

Asimismo, la Ley contempló el desarrollo de servicios públicos mediante un esquema comarcal, lo que afecta por ejemplo al transporte, que deja de ser “radial hacia las capitales de provincia o Madrid”. En el Campo de Montiel, en Ciudad Real, ya funciona este tipo de “transporte público de comarca a demanda”, de manera que son los ciudadanos los que fijan los horarios e itinerarios.

Las medidas llegan al 78% de los municipios

Una de las novedades más importantes de esta Ley es que dividió el territorio en zonas con diferentes niveles de densidad de población: zonas de extrema despoblación (menos de 8 habitantes por km2), de intensa despoblación (entre 8 y 12,5 habitantes por km2), en riesgo de despoblación (entre 12,5 y 20 habitantes por km2), intermedias agrícolas (entre 20 y 50 habitantes por km2), periurbana (más de 50 habitantes por km2) y urbana (mayores).

Según esta zonificación, en Castilla-La Mancha existen 523 municipios en extrema despoblación, 173 en intensa despoblación y 25 en riesgo. Esto quiere decir, destaca Alique, que 721 municipios de los 919 de la región, es decir “el 78 por ciento del total”, se benefician de la Ley, y traducido a personas, el 21 por ciento de la población, lo que significa más de 438.000 personas.

Un problema no de provincias, sino de territorios

Pero es que, a raíz de los estudios realizados para articular la Ley, en una reunión del Comité Europeo de las Regiones, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió que “la lucha contra la despoblación no va de provincias, sino de territorios”, y que Europa tenía que tenerlo en cuenta en sus políticas públicas. “Consiguió que por primera vez la UE empezara a contemplar el problema de la despoblación por debajo de la provincia, idea que se apoyó por unanimidad y que la Comisión Europea tiene que estudiar”, señala Alique.

Asimismo, el comisionado destaca que la Ley tiene “vocación de continuidad en el tiempo”, algo que refleja la Estrategia frente a la Despoblación, que tiene una vigencia de 10 años (con revisiones cada 4) y que pretende contribuir a reducir “las brechas”, además de la obligación de que a partir de ahora todas las normas en Castilla-La Mancha tienen que incorporar “un informe de impacto demográfico”. Así, si una ley no impacta de forma positiva en estos territorios, tendrá que incorporar nuevas medidas.

Un 3,6% del PIB dedicado a la lucha contra la despoblación

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El conjunto de medidas contra la despoblación llegarán al 78 por ciento de municipios de la región / Carlos Díaz

El presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha de 2023 incorporó por primera vez esa memoria de impacto demográfico, para justificar el gasto de 1.714 millones de euros, lo que supone “el 23 por ciento del techo de gasto de la comunidad autónoma” para la lucha contra la despoblación, según destaca Alique, o lo que es lo mismo, “un 3,6 por ciento del Producto Interior Bruto” de la comunidad autónoma.

Esto es importante, apunta el comisionado para el Reto Demográfico, pues son dos puntos más de que lo que contempló la propuesta de Teruel Existe en el Congreso, que instó al Gobierno central a reservar “el 1 por ciento del PIB”, unos 12.000 millones de euros, a políticas para acabar con los desequilibrios territoriales.

De cara a la próxima legislatura, de ganar, el PSOE contempla crear un fondo de 10 millones de euros “para que ninguna pyme se cree sin financiación” en estas zonas, “con condiciones ventajosas y a bajo interés”, además de “ayudas de 27.000 euros para el emprendimiento rural”.

La apuesta por la conectividad digital pasa por llevar la fibra óptica a todos los municipios, aparte de núcleos de población más pequeños, de cara a garantizar “el acceso al ocio, a la cultura, a las entidades financieras, a la telemedicina, teleasistencia y teleformación”. También promoverán la “entrega a domicilio de medicamentos” para mayores y enfermos crónicos en localidades sin farmacia.

Un territorio “de oportunidades”

Pero todo no queda ahí y Jesús Alique destaca que hay que hacer “un esfuerzo reputacional”. A su juicio, Castilla-La Mancha tiene que estar “de moda” no por pertenecer a la España poco poblada, “con sus debilidades”, sino por ser “un territorio de oportunidades”, que ofrece “calidad de vida” frente a las ciudades, y donde “se puede emprender e invertir porque se dan las condiciones”.

Esta comunidad autónoma pregona que, en sus municipios, sea cual sea su población, “se garantiza y asegura el acceso a los servicios públicos”, y que además “hay opciones de emprendimiento para la ubicación de empresas”. “Hoy la realidad de Castilla-La Mancha es muy distinta, pues con nuestra Ley se dan las condiciones para que la gente pueda decidir quedarse en el medio rural y otros puedan venir”, insiste. 

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