Castilla-La Mancha ha sufrido durante la pasada legislatura un «gran deterioro» de los servicios sociales, es una de las comunidades autónomas menos eficientes en cuanto al gasto y la cobertura de sus servicios, y necesita invertir 320 millones de euros más al año para recuperar los niveles que tenía.
Estos datos se desprenden del índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales), un estudio que analiza el desarrollo de los servicios sociales, que atienden a ocho millones de personas en España, y califica a las comunidades autónomas en una escala que va desde 'excelente' hasta 'irrelevante'.
El informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado hoy, incide en el deterioro que los servicios sociales han tenido en Castilla-La Mancha desde 2011, producidos a partir de «drásticos» recortes en su gasto, que han sido los más «acusados» de todo el país.
Durante la pasada legislatura, la Junta y los ayuntamientos han reducido casi un 30 por ciento su gasto en servicios sociales, pasando de 513,96 euros por habitante en 2011 a 359,89 euros en 2014, lo que la convierte en la autonomía que más ha recortado este gasto.
También ha reducido entre 2011 y 2014 la relación entre este gasto y el PIB regional, aunque en ambos casos Castilla-La Mancha supera la media estatal.
Castilla-La Mancha ocupa el séptimo lugar entre las comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales, la calificación del DEC es 'débil' (por delante de 'irrelevante) y es la única región que en 2015 ha mostrado una perspectiva negativa.
El informe refleja que es una de las comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales, lo que supone que su gasto no se corresponde con su oferta de servicios, algo que es debido, en gran medida, a la «excesiva centralización» de los servicios sociales, que tiene gestión autonómica directa.
En este sentido, apunta que hay formas de organización y gestión «más eficaces y más eficientes que otras» que otras en el desarrollo de los servicios sociales y que la descentralización y la implicación de las entidades locales (desde ayuntamientos hasta diputaciones) es uno de los rasgos comunes a las comunidades con mayor desarrollo de sus servicios sociales.
La comunidad autónoma está por debajo de la media nacional en la renta mínima de inserción, ya que apenas la perciben el 2,2 % de quienes están bajo el umbral de la pobreza y tiene una cuantía de 8,41 % de la renta media por hogar frente al 12,15 % de media nacional.
También está por debajo de la media en el número de horas de ayuda a domicilio para mayores de 65 años (19 al mes de media en Castilla-La Mancha y 21 horas en España), acogimiento familiar, residencias y centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad y personas que están en el 'limbo' de la dependencia (42,3 % frente al 33 % de media nacional).
Sus indicadores más positivos están en las residencias, centros de día y lugares de convivencia para mayores, en el servicio de teleasistencia (que llega al 26,15 % de la población) y en plazas para mujeres víctimas de violencia machista en centros de acogida (20 por cada 100 con orden de protección).
Las recomendaciones a Castilla-La Mancha para recuperar sus servicios sociales son un «compromiso» de las administraciones públicas para no seguir recortando su gasto, analizar por qué es poco eficiente e incrementar la cobertura y cuantía de sus rentas mínimas de inserción ya que es «extremadamente reducida».
En materia legislativa, Castilla-La Mancha tiene aprobada una ley de servicios sociales pero no está desarrollada, por lo que este informe subraya que no puede retrasar más hacerlo.
