Ciudad Real, fuera del decreto por el que se van a abrir 94 nuevos juzgados en España este año, cinco de ellos en Castilla-La Mancha, está posicionada “la primera de la lista”, según el ministro de Justicia Rafael Catalá, para las próximas ampliaciones de la planta judicial. El ministro, que ha vuelto a Ciudad Real a un acto organizado por la abogacía (la inauguración de la sede del Colegio de Abogados), ha explicado este lunes que sólo cuestiones técnicas; es decir: “atender otras prioridades”, la han dejado fuera de ese decreto.
“Conocemos la problemática tanto de los juzgados de primera instancia e instrucción, con unos niveles de pendencia de un 128% sobre el modulo del Consejo General, como de los juzgados de lo Penal. Todas estas necesidades toman prioridad para el próximo año”, ha dicho en declaraciones a los medios antes de apadrinar oficialmente la nueva sede, y ha reiterado después interpelado por la alcaldesa Pilar Zamora que le ha pedido más juzgados (la última vez que se creó un nuevo juzgado en la provincia fue en 2010).
El ministro ha recorrido las instalaciones –operativas desde mayo- acompañado por el decano Cipriano Arteche, impulsor y artífice del proyecto; la presidenta del Consejo de la Abogacía Española Victoria Ortega; la exalcaldesa de Ciudad Real y vicepresidenta tercera de la Mesa de la Cortes Rosa Romero (durante su mandato se cedieron los terrenos) y la actual alcaldesa Pilar Zamora.
Una sede luminosa, moderna, transparente y cercana
También ha firmado en el libro de honor, ha descubierto una placa conmemorativa y ha elogiado unas instalaciones que en su opinión simbolizan lo que debe ser la justicia, “luminosa, transparente, cercana y al lado de los juzgados”. “La justicia es la suma de un conjunto de factores, no el Gobierno ni el Parlamento, sino el fruto del esfuerzo de tantas y tantas personas independientes, profesionales y de alta cualificación que trabajan en ella”.
“Reforma profunda” del proceso penal
Ante un auditorio con mayoría de jueces, fiscales, abogados y letrados de la administración de justicia, con presencia destacada del fiscal superior de Justicia José Martínez Jiménez, la presidenta de la Audiencia María Jesús Alarcón y el fiscal jefe Luis Huete, el ministro ha planteado la necesidad de acometer una “reforma profunda” de las leyes procesales, en especial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “para la justicia ágil y de calidad que demandan los ciudadanos”. Y ha pedido dejar a un lado el debate partidista y la cuestión de si la instrucción la deben seguir haciendo los jueces o delegarla en los fiscales, como piden estos últimos.
Nuevas tecnologías y justicia digital
Catalá ha abordado también la polémica cuestión de las nuevas tecnologías, y las quejas del sector por los ‘cuelgues’ del sistema que provoca retrasos. “Sé que genera tensiones”, ha dicho, y ha defendido que todos los sistemas informáticos vigentes, objeto de las críticas de los profesionales, no los ha desarrollado directamente el Ministerio de Justicia sino que se han contratado “con los mejores proveedores de servicios. Nosotros tenemos a las primeras firmas del mercado para la transmisión de documentación, bases de datos y gestión de aplicaciones. Estamos en buenas manos y cada día irán las cosas mejor en los aspectos materiales”.
Según ha destacado el año 2017 se va a cerrar con más de 80 milllones de comunicaciones transmitidas a través del sistema Lexnet , y en 2018 culminará la implantación de la justicia digital en todo el territorio con competencias del Ministerio de Justicia. También estos meses la Sala Segunda del Tribunal Supremo está empezando ha actuar con justicia digital.
“Conocemos perfectamente el día y en términos de volumen de documentos que se manejan via telemática hemos superado ya a la Agencia Tributaria [el espejo en el que se mira la justicia para avanzar en tecnología]”.
Turno de oficio y mediación
Catalá también se ha pronunciado a favor de impulsar la mediación intrajudicial, tal y como le ha pedido el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real Cipriano Arteche, que reclama un turno especial y gratuito para los ciudadanos, y se ha comprometido además a reformar el turno oficio, el sistema de acceso a la profesión de abogado (con más participación de los abogados), y a una nueva Ley de Derecho de Defensa “integradora y que fortalezca los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos”.
