El sindicato CCOO ha advertido de que la reforma de la administración local auspiciada por el Gobierno central llevará consigo «un salto atrás en el tiempo» en el que volverán a aparecer en el ámbito de los servicios sociales los servicios asistenciales o de beneficencia.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el responsable nacional de Administración Local de Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Joan Gassul, quien ha estado acompañado por su homologo en la región, Javier Pina, y por la secretaria regional de FSC de CCOO, Carmen López.
«La gente que tenga capacidad adquisitiva se podrá pagar servicios privados y las personas que no tengan poder adquisitivo tendrán que vivir de la beneficencia de la Iglesia o de otras entidades de este tipo», ha indicado Gassul a preguntas de los medios.
Así, se ha referido concretamente a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de la que ha dicho que está «hibernada». «Durante su tramitación y antes ya hubo una pérdida de puestos de trabajo, una sangría que se paró en el último trimestre del pasado año», ha añadido.
No obstante, ha señalado que ha llevado consigo una pérdida de servicios de atención a la ciudadanía y que todos aquellos servicios pendientes de ser traspasados a las comunidades o que se deberían coordinar a través de las diputaciones, «no se están realizando en su mayoría».
Concretamente, Gassul ha señalado que los servicios que se están perdiendo son aquellos relativos a la educación como pudieran ser las escuelas infantiles, o los servicios sociales «en muchos aspectos», ha matizado.
Con todo, a preguntas de los medios, ha señalado que esta reforma local está auspiciando la aparición de empresas multiservicios en detrimento de las empresas locales o pequeñas que no puede competir con ellas o de las cooperativas
Del mismo modo, en cuanto a los perfiles de los trabajadores que se ven afectados, el responsable nacional de Administración Local de Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha indicado que son «todos», desde jardineros a personas dedicadas a la atención al ciudadano.
De su lado, el responsable regional de Administración Local de FSC de CCOO ha indicado que Castilla-La Mancha sufre una «situación especial» con la aprobación de esta Ley porque va a afectar principalmente a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, que son «la inmensa mayoría» en la región.
PAGA EXTRA
Por otra parte, respecto a la devolución de la paga extra a los empleados públicos, ha destacado que hay 196 sentencias favorables a CCOO que reconocen la devolución de 44 días de la de 2012 o en la mayoría de municipios pequeños la devolución desde el 1 de enero hasta el 14 de julio; y que en 43 municipios se ha llegado a un acuerdo antes de la sentencia judicial.
En esta línea, la secretaria regional de FSC de CCOO ha señalado que el sindicato no está solamente preocupado por los puestos de trabajo que se puedan perder, sino también por la pérdida de los servicios que se prestan a los ciudadanos.
CCOO alerta del riesgo de que España «entre en deflación» tras la subida del IPC en el mes de septiembre
El sindicato CCOO ha alertado del riesgo de que España «entre en deflación», después de conocerse que el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en septiembre respecto al mes de agosto.
Ha sido el secretario de Acción Sindical del sindicato, Ramón Górriz, el que ha hecho este aviso tras atender a los medios durante la celebración del Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar este miércoles en Toledo.
El responsable de Acción Sindical de CCOO ha asegurado que esta posibilidad existe ya que «en Europa está cercana y estas situaciones llegan a España dos o tres meses después».
De otro lado, Górriz ha pedido a la patronal de Castilla-La Mancha que «no mantenga el bloqueo de la negociación colectiva y no siga planteando congelaciones y disminuciones salariales». Por ello, ha animado a los empresarios a que «se firmen los acuerdos pendientes, algunos de 2013» considerando además que si esto no se produce se plantean «comenzar un calendario de negociaciones para la recuperación de la negociación colectiva».
Asimismo, se ha alegrado de la celebración de estas jornadas «después de un largo tiempo de letargo» en referencia a la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha y del de España respecto a la negociación colectiva con los sindicatos.
Tanto él como el secretario de Acción Sindical regional, Lucas Sánchez, han recordado que «son 29 los convenios que expiraron el pasado 31 de diciembre y que se encuentran con las negociaciones bloqueadas, además de otros 35 que caducarán a finales de este año».
En clave nacional, Górriz también ha alertado de un calendario de movilizaciones en caso de que el Gobierno nacional no cree «una prestación para las 400.000 personas con personas a su cargo que no tienen ningún ingreso» y que antes de final del año se proponga «un plan de empleo que sirva para la recuperación de parados y que asegure formación, empleo y protección social a los parados de larga duración, los mayores de 45 y desempleados juveniles». También ha pedido cambios en la reforma fiscal.
El responsable de Acción Sindical de CCOO ha insistido en que «estamos saliendo de la recesión pero no de la crisis», alegando que «para llegar al crecimiento de la demanda se debe recuperar el poder adquisitivo de los salarios». En este sentido, ha recordado que quieren que el Gobierno nacional «aumente el salario mínimo interprofesional a 750 euros este año», asegurando que «hay margen» para ello.
Además, se ha lamentado de que «con los presupuestos generales de este año no va a haber empleo ni va a mejorar el consumo» y manteniendo por ello que «el Gobierno no hace su labor».
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que «la crisis ha llevado a que el sistema de relaciones laborales no sirva para corregir desigualdades, sino para aumentar el poder empresarial y el riesgo de pobreza».
Ferrer, que también ha asistido al Consejo de Relaciones Laborales en Toledo, ha indicado que desde su sindicato piensan que «hay soluciones y se puede seguir otro modelo para hacer las cosas», pidiendo que «se fomenten los poderes democráticos para que empresas y multinacionales no imperen frente a los estados» y demandando la «necesaria recuperación de las políticas de inversión, reactivación y creación de empleo».
También ha solicitado «la recuperación del diálogo social para impulsar el trabajo decente, basado en salarios dignos y prestaciones sociales suficientes». Asimismo, ha defendido «el respeto de los derechos laborales a través de la libertad sindical y de movilización».
Ferrer ha esperado que las negociaciones con el Gobierno central que se iniciaron en julio «permitan que se desarrollen unas relaciones laborales mas participativas y democráticas y una salida de la crisis más justa».
