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CEPAIM ha atendido a 216 personas en sus 42 plazas de acogida durante 2020 y 2021

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CEPAIM analizó el último año y medio / J. Jurado
Juan Carlos Chinchilla / CIUDAD REAL
En el último año y medio sólo han recibido cinco solicitudes aprobadas de asilo y se encuentran pendientes de respuesta unas doscientas. Por otro lado 35 venezolanos lograron autorización de residencia por razones humanitarias.

    La Fundación CEPAIM ha atendido a 216 personas sus 42 plazas de acogida durante 2020 y 2021, procedentes de 23 nacionalidades diferentes:63 personas de Colombia, 53 de Venezuela, 18 de El Salvador, 16 de Honduras y 66 de otras nacionalidades, en especial de África o procedentes de Siria.

     

    Ignacio Gómez, coordinador de CEPAIM, y compañeros de la Fundación han ofrecido esta mañana estos datos con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de julio, y aprovecharon para reivindicar el derecho de asilo y la aplicación y respeto de los Derechos Humanos.

     

    Gómez destacó la enorme labor realizada por el equipo humano de CEPAIM. Compuesto por diez personas: tres trabajadores sociales, técnica de acogida, formadora, abogada, mediador intercultural, psicólogo y dos administrativas, que en total han realizado 3.741 actuaciones en el último año y medio. Un gran volumen de trabajo en una época especialmente complicada por la pandemia. En este punto recordó Gómez que las instalaciones de CEPAIM no cerraron nunca y siempre estuvieron activas, al ser considerado un servicio esencial.

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    CEPAIM analizó el último año y medio / J. Jurado

     

    Durante el último año CEPAIM ha tramitado 2.342 ayudas económicas que han sumado un total de 349.367 euros, intentando que el destino final aportara en la dinamización de la economía local, apostando por proveedores locales y trabajadores locales.

     

    De cara al futuro, CEPAIM espera una reactivación de espacios de trabajo comunes entre las organizaciones y el Ayuntamiento, convocando de nuevo la Mesa de Refugiado y considerando la idoneidad de que los asuntos de refugiados y acogida sean de competencia regional.

     

    Por último Ignacio Gómez indicó que en el último año y medio sólo han recibido cinco solicitudes aprobadas de asilo y se encuentran pendientes de respuesta unas doscientas. Por otro lado destacó que 35 venezolanos lograron autorización de residencia por razones humanitarias.

     

     

    Comunicado

    Desde Fundación Cepaim, queremos recordar la necesidad de habilitar vías legales y seguras para garantizar que las personas solicitantes de protección internacional  puedan ejercer su derecho al asilo, participando como ciudadanía en la vida pública a nivel social, cultural, económico  y político.  De igual forma queremos poner en valor el Sistema Nacional de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, destacando sus fortalezas para desde esa posición identificar sus debilidades, reforzándolo y consolidándolo como un sistema mixto de cooperación entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales especializadas.

     

    Crisis, Emergencia, Conflicto, Desplazamiento, Diplomacia, Cooperación…Diversos han sido los apelativos que, durante este año han acompañado a la palabra “refugio”. Tanto es así que  la situación de refugio y protección internacional ha ocupado un lugar central, no solo en la cabecera de nuestros informativos, sino en la agenda política de organismos nacionales y supranacionales.

     

    La centralidad del debate no se ha traducido en una mejora en el reconocimiento del   derecho de asilo, un derecho fundamental reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y nuestro texto constitucional.

     

    Hoy, 20 de junio de 2021, desde Fundación Cepaim queremos reconocer y valorar a todas aquellas personas que, por fundados temores de persecución, han debido dejar atrás todo aquello que les pertenecía: sus hogares, sus familias, sus amistades, su profesión, su entorno, sus recuerdos, sus anclajes emocionales, el olor de su tierra o el sonido de sus calles.

     

    Hablamos de personas que lo han perdido todo, pero a las que jamás les podrá ser arrebatada su capacidad de supervivencia, de superación y resiliencia, a la vez que su necesidad de protección y, sobre todo, la posibilidad de ejercer su Derecho de Asilo, garantizado en nuestra normativa estatal e internacional.

    Continuamos inmersos en uno de los mayores retos que como sociedad hemos debido afrontar en los últimos años. Una crisis sanitaria, social y económica devastadora, como consecuencia de la COVID19, que ha limitado el movimiento humano, pero no las causas del mismo. Una crisis que ha evidenciado la necesidad de reforzar nuestro pilar social, y sobre todo, garantizar la protección de las personas más vulnerables.

     

    Durante este año hemos podido vivir la fragilidad de la sociedad y cómo, de un momento a otro, nuestras vidas pueden cambiar. Todos podemos vernos en un futuro como una persona refugiada, obligada a abandonar nuestra tierra.  Hoy más que nunca  no podemos permitirnos el discurso del odio,  el racismo, la xenofobia y la discriminación; es urgente trabajar unidos desde nuestras diferencias para hacer posible avanzar en la senda de la justicia social, la igualdad, la convivencia, la solidaridad  y la interculturalidad.

     

    En situaciones de conflicto, de crisis, de imprevisibilidad  es imprescindible garantizar y fortalecer nuestro sistema de acceso al Asilo y la Protección Internacional. Es por ello que hoy, Día Mundial de las Personas Refugiadas, necesitamos credibilidad, legitimidad y certidumbre en la aplicación y respeto de los derechos humanos.

     

    Lejos de cesar, los desplazamientos humanos continuarán   aumentando, sumando a los factores de persecución regulados por la Convención de Ginebra y nuestra normativa estatal mediante la Ley 12/2009, aquellos emanados por la crisis social, económica, medioambiental y sanitaria derivada de la COVID19. Tenemos un enorme reto que asumir, como es la salvaguarda de nuestros valores de justicia social, y garantizar que se habiliten vías de acceso seguras y dignas para las migraciones y, en especial, para el acceso y el ejercicio del Derecho de Asilo y Protección Internacional, evitando las muertes en el tránsito y la utilización de las necesidades humanas por las mafias que impulsan el tráfico de seres humanos.

     

    No podemos olvidar acontecimientos como los vividos en Ceuta o Canarias y la necesidad de velar  por el cumplimiento procesal y material en el ámbito de los Derechos Humanos, especialmente con aquellos colectivos más vulnerables.

     

    La estrategia de la Unión Europea de externalizar las fronteras a terceros países, no ha obtenido resultados satisfactorios desde la perspectiva del bienestar de las personas en busca de asilo y protección internacional, ni desde el cumplimiento de los Derechos Humanos. Estas personas ven agravado su sufrimiento en campamentos con un futuro incierto y en muchos casos cayendo bajo el control de traficantes de seres humanos.  La Unión Europea no puede ni debe olvidar sus valores, y las personas en busca de asilo y protección no pueden ni deben ser moneda de cambio para intereses particulares de los países.

     

    Nos preocupa el cumplimiento y desarrollo del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE como propuesta de hoja de ruta para los próximos años, deseando que se refuercen las políticas de integración, de convivencia y ciudadanía.

     

    Hoy queremos poner en valor el Sistema Nacional de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, destacando sus importantes fortalezas para, desde esa posición, identificar sus debilidades con el objetivo de reforzarlo y consolidarlo como un sistema mixto de cooperación entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales especializadas.

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