Un informe de Ecologistas en Acción revela que los castellanomanchegos respiraron aire de mayor calidad por segundo año consecutivo en 2021 como consecuencia de la reducción de movilidad, pese a su progresiva reactivación tras un año de pandemia.
Al menos, el Covid-19 trajo algo bueno. La organización señala que provocó “una mejora general sin precedentes de la calidad del aire”, sin embargo, añaden que “la población castellanomanchega volvió a respirar aire insalubre”.
Así pues, su último informe revela que al menos 650.000 personas, es decir, el 32 por ciento de la población castellanomanchega, vive en las dos zonas donde alguna estación de medición superó los límites de partículas contaminantes y de ozono. La superficie expuesta fue “el 25 por ciento del territorio”.
La comarca de Puertollano y el norte de Toledo están en el punto de mira. En la provincia de Ciudad Real, el informe detecta incrementos “puntuales” en las estaciones urbanas de Puertollano (calle Ancha), Mestanza y El Villar, las tres enmarcadas en el entorno de la refinería de Repsol.
El ozono es el contaminante que afecta más a la población de la región, sobre todo en las provincias de Guadalajara y Toledo, como consecuencia de su cercanía a Madrid, a pesar de los picos registrados en Ciudad Real.
Exigen a la junta planes de mejora de la calidad del aire y zonas de bajas emisiones en las ciudades
Tras analizar los datos recogidos por 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, 29 de ellas situadas en Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción recuerda que “los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios según la legislación vigente”.
En este sentido, la organización denuncia que “la Junta de Comunidades sigue incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono” y además en las ciudades de más de 50.000 habitantes no hay aún zonas de bajas emisiones, que según la Ley de Cambio Climático deberían estar en marcha antes de 2023.
Ecologistas en Acción subraya que la contaminación del aire es “un problema de primer orden”. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire. Además, la contaminación genera costes sanitarios y laborales equivalentes al “3, 5 por ciento del PIB”.
Mejorar la calidad del aire, recuerdan los ecologistas, pasa por “disminuir el tráfico motorizado, promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y por una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas”.
