Un total de 210.334 migrantes contaban con una autorización vigente de residencia por arraigo a fianles de 2023, lo que supone un 68% más que un año antes, según la Estadística de personas con autorización inicial de residencia por arraigo, según datos oficiales a 31 de diciembre de 2023 a los que ha tenido acceso Europa Press.
De ese total, el 9% (16.787) obtuvieron la autorización estando en irregularidad sobrevenida (con un período previo de residencia regular en España), mientras que el resto (193.547) se encontraban en situación de irregularidad profunda (no tienen una autorización de residencia concedida previamente en España). Estos datos representan un crecimiento en términos absolutos de 84.983 personas en el último año, 77.024 que estaban en situación de irregularidad profunda y 7.959 sobrevenida.
El documento refleja también que el crecimiento se debe fundamentalmente a las 55.958 personas más con autorización de arraigo familiar (crecimiento interanual del 185%) y a las 22.144 personas más con autorización de arraigo por formación (crecimiento interanual del 2.324%).
A pesar de que el arraigo social también ha experimentado un aumento del 19% en el último año, este crecimiento se observa solo en el primer semestre de 2023, con 19.706 personas más beneficiadas, mientras que en el segundo semestre se registra una disminución de más de 5.000 personas.
Por otro lado, el número de personas con arraigo laboral ha experimentado una disminución de 7.239 personas en el último año, lo que representa una caída interanual del 34%. En el año anterior el número pasó de 5.242 personas a 31 de diciembre de 2021 a 21.534 personas a 31 de diciembre de 2022.
2,9 AÑOS DE TIEMPO MEDIO EN LA IRREGULARIDAD
Además, la estadística muestra que el tiempo medio en la irregularidad es de 2,9 años, 1,2 años menos que el año anterior. Las nacionalidades más representadas son Colombia (46.499 personas) y Marruecos (35.079 personas), con una media de 2,7 y 3,1 años en la irregularidad y un crecimiento del 80% y 76%, respectivamente, en el último año.
La edad media de los titulares de autorización inicial por arraigo oscila entre los 45 años de los venezolanos y los 33 de nacionales de Pakistán y Paraguay, mucho más jóvenes. En términos de género, el porcentaje global es del 50% de mujeres, pero oscila entre el 6% y el 8% para senegaleses y pakistaníes, los colectivos más masculinizados, y el 71% entre los nacionales de Honduras y Nicaragua
Por otro lado, del documento se desprende que Madrid y Barcelona concentran más del 33% de las personas con autorización inicial de arraigo a fecha de 31 de diciembre de 2023, con más de 31.000 personas en cada una. El crecimiento anual en ambas provincias supera el 65%, principalmente debido al aumento de personas con autorización de arraigo familiar. En contraste, la provincia de Soria cuenta con menos de 70 personas con esta autorización.
En cuanto a los mayores aumentos en el número de personas con autorización inicial de arraigo en comparación con el año anterior, destacan Córdoba y Ciudad Real, con un crecimiento anual de más del 180%. Por otro lado, Almería y Girona son las únicas provincias donde no se observan cambios significativos en este aspecto con un crecimiento interanual por debajo del 2%.
El tiempo medio en la irregularidad hasta la concesión del arraigo ha disminuido en todas las provincias, excepto en la Ciudad autónoma de Melilla. Teruel destaca como la provincia con el mayor descenso, pasando de 6,5 a 3,1 años de tiempo medio.
En este sentido, la Fundación Aspasia ha presentado este lunes su último informe ‘Arraigo por Formación. Aflorar talento oculto, que impacte positivamente en la mejora del mercado laboral. Derecho a la educación y trabajo digno’, que recoge los datos de Inclusión y hace análisis sobre la aplicación, los desafíos y la realidad social sobre la que impacta esta medida de regularización y mejora de la calidad del empleo.
A su juicio, el presidente de la Fundación Aspasia, Juan Antonio Sánchez señala que «el arraigo por la formación no solo permitirá la residencia por estudios a miles de personas, que deberán cumplir con el compromiso de formarse, sino que también se podrán incorporar al mercado laboral con la formación necesaria para cubrir distintos puestos de trabajo». Además, indica que «también es una manera de hacer aflorar el talento oculto, hacer frente a la contratación irregular y precaria de las personas migrantes que vienen a España en busca de un futuro de calidad y digno para ellas y sus familias».
Por su parte, la coordinadora del estudio, Begoña López, ha dicho que «pensar con una perspectiva de género en el empleo es también ofrecer oportunidades con la formación y capacitación de mujeres en situación de irregularidad administrativa de origen o sobrevenida para poder emprender su propio negocio, asociarse con otras o simplemente atreverse con el aprendizaje autónomo online para seguir creciendo y mejorando sus expectativas de empleabilidad».
