Las declaraciones grandilocuentes de apoyo a víctimas de violencia machista, sexual o infantil de políticos y responsables competentes en la materia, se topan en el día a día de los juzgados con la cruda realidad: faltan medios, no se cubren bajas de larga duración, y el trabajo crece de forma exponencial.
Lo denuncian, de nuevo, la psicóloga Cristina Pozo y la trabajadora social Isabel Herrera, las dos únicas profesionales del equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Ciudad Real. El equipo, que se creó en 2005 con la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, para valorar a víctimas y asesorar a jueces en la toma de decisiones, dieciséis años después es casi lo que menos hacen. “El 30% de nuestros informes son de violencia de género, que sigue siendo nuestra prioridad, pero ya entre el 50 y el 60% son casos de violencia física y sexual a menores; el resto un poco de todo, entre otros, casos de acoso laboral”.
Su trabajo, para 25 juzgados de primera instancia, 36 organismos judiciales en total en la provincia, incluida la Audiencia, no ha parado de crecer, al ritmo que lo hacen sus competencias por múltiples reformas legales. La última, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que incluye una nueva obligación: acompañar al menor cuando declara ante la justicia, lo que se llama “prueba preconstituida”, que se graba, para evitar que tengan que volver a pasar por ese trago durante la instrucción.
La nueva ley de la infancia, más carga
Esto ha evidenciado también la falta de medios, “nosotras no tenemos cámaras Gesell en nuestra oficina, que permiten que tú estés en una habituación sola con niños y la comisión judicial te vea por un espejo bidireccional, solo nuestro ordenador con webcam. Y los niños tienen que venir aquí con cita [la sede está en Ciudad Real], no podemos desplazarnos”.
La conclusión es que los requerimientos urgentes crecen, el servicio acumula un año de retraso de media, y las dos únicas profesionales están tan desbordadas que no saben a qué dar prioridad.
Todo son asuntos serios, difícil dar prioridad
No obstante intentan seguir una pauta. Con el director del Instituto Forense, Ramón Antequera, han establecido que el orden se hace por entrada, con prioridad a las causas con preso, “pero si vemos que entra algo nuevo más delicado lo adelantamos, pero eso nos ocurre muy a menudo”, afirma Herrera. “Al final son tantas cosas serias que es difícil dar prioridad; los requerimientos de la Audiencia también son prioritarios, las pruebas preconstituidas, con todos estos incidentes ese orden que intentamos llevar salta por los aires”, apostilla la psicóloga.
“Se necesitan más equipos, en Ciudad Real no hay juzgado exclusivo de violencia de género, debería haber al menos uno y crear un equipo solo para la violencia de género”, opina Herrera.
El equipo de familia, inoperativo
La precariedad de este trabajo técnico tiene este año un nuevo frente: el equipo psicosocial que hace valoraciones en asuntos civiles, de familia, está inoperativo desde primeros de año, por bajas serias de las profesionales que lo atienden que no se han cubierto.
Las bajas no se cubren
Creado en 2014, tras una década de quejas, sobre todo de Pozo y Herrera, porque no podían asumir el trabajo penal y el civil, el equipo ha funcionado bien y sus informes son esenciales en casos de separaciones con pleitos por la custodia de los hijos, pero el problema de las bajas que no se cubre sigue ahí. “Hasta que no pasan seis meses, por lo menos, no se cubre una baja, y hay veces que el proceso selectivo dura tanto como la baja”, refiere la trabajadora social.
Este año no ha ocurrido ni eso. Una de las trabajadoras lleva desde diciembre, la otra desde unos meses después, por problemas de salud importantes, “esas plazas no se han cubierto, con lo cual no se emiten informes de familia desde hace medio año en los juzgados, excepto alguno parcial en base al convenio del ministerio con el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha, “y no son informes integrales”, remarcan.
“Nuestras valoraciones llevan más tiempo”
El equipo psicosocial no tiene tope de asuntos, como otros órganos judiciales, pero es que también en esto su trabajo es muy especial. “Nuestras valoraciones llevan más tiempo, nosotras no vemos una lesión física, se nos pide que evaluemos si existieron malos tratos psicológicos, abusos a menores muy pequeños, informes de credibilidad de testimonios, secuelas psicológicas, no hay una evidencia clara como en otros aspectos de la medicina forense. Tenemos que contrastar la información y entrevistar no solo a la víctima, sino a su entorno. Eso lleva tiempo, no se trata de entrar en una sala y decir cuéntame cómo abusaron de ti, hay que crear un clima de confianza, eso nos lleva mucho tiempo”, señala la psicóloga.
Además el servicio debe adaptarse al ritmo de otros profesionales, hacer pruebas psicométricas, coordinarse con otros servicios aspectos sociales, “son informes muy laboriosos”, indica Herrera. “Últimamente también nos piden muchos informes de madurez, en casos de relaciones con menores en las que hay poca diferencia de edad entre la víctima y el acusado”.
“Desanima seguir con lo mismo”
Tanto el Ministerio de Justicia como la gerencia territorial de Castilla-La Mancha, comunidad sin competencias en justicia, están informados de esta problemática, que no es nueva, “cada año informamos en nuestra memoria [dentro del la del Instituto Forense] pero estas y otras reclamaciones caen en saco roto. Desanima tener que seguir siempre con lo mismo”.
