La Audiencia provincial de Ciudad Real juzgará los próximos 15 y 16 de octubre a un hombre, J.R.B y a una mujer, A.S, por sendos delitos de agresión sexual a una menor de 13 años (hija de la mujer) y de corrupción de menores. Unos delitos por los que la Fiscalía pide un total de 17 años de prisión para el hombre y 20 años para la mujer.
El escrito de acusación, al que ha podido tener acceso Lanza, explica que J.R.B quedó con la acusada, A.S para mantener relaciones sexuales por vía vaginal con la hija menor de edad de esta (13 años tenía en el momento de los hechos y no había mantenido ninguna relación sexual hasta entonces) en una fecha no concreta de 2020 por el cual abonó a la mujer 8.000 euros.
La Fiscalía en su escrito especifica que el acusado sabía que la chica tenía 13 años y aún así mantuvo este primer encuentro sexual y a esto se sucedieron de manera continuada durante los años 2021 y 2022 entregando diferentes cantidades de dinero (20, 50 y 200 euros) tanto a la niña como a la madre.
Unos encuentros que se producían o en el domicilio de la acusada en Ciudad Real o en el vehículo que utilizaba J.R.B en diversos puntos de la provincia facilitando, en ocasiones, A.S. estos desplazamientos a través de una autorización escrita que entregaba al acusado.
Ambos fueron detenidos y enviados a prisión provisional en noviembre de 2022
J.R.B fue detenido el 18 de noviembre de 2022 y fue mandado a prisión al día siguiente. En el caso de A.S fue detenida el 17 de noviembre de 2022 siendo enviada a prisión de manera provisional.
Así la Fiscalía pide para J.R.B una pena de prisión de 10 años por el delito continuado de agresión sexual y a 8 años de libertad vigilada. El Ministerio Fiscal también solicita una pena de cárcel de 7 años, libertad vigilada de 8 años por el delito continuado de corrupción de menores.
Además de la prohibición a aproximarse a una distancia inferior de 200 metros ni a comunicarse con la menor durante 15 años y a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por ambos delitos.
Por otro lado, pide para la mujer una pena de 11 años de cárcel y 8 años de libertad vigilada por el delito continuado de agresión sexual y 9 años de prisión por el de corrupción de menores, más otros 8 de libertad vigilada por este último delito. Además se le solicita las mismas medidas de aproximación, comunicación y de inhabilitación especial que al otro acusado. Ambos deberán indemnizar a la menor con una cantidad de 25.000 euros en concepto de daño moral.