La magistrada María Dolores Hernández, inspectora del Consejo General del Poder Judicial, aboga porque todos los menores de víctimas de delitos sexuales solo tengan que declarar una vez ante la justicia, mediante una grabación con todas las garantías para la defensa, para evitar la revictimización en los largos procesos judiciales.
“Creo que el legislador se quedó corto cuando fijó que la prueba preconstituida se admita en el caso de menores de 14 años, debería extenderse hasta los 18 años”, ha explicado la magistrada en las jornadas ‘Pornografía, violencia y deshumanización’, que ha celebrado el Colegio de Abogados de Ciudad Real con Juezas y Jueces para la Democracia esta semana en la capital.
Los delitos sexuales y la adolescencia
“Los delitos sexuales dañan más a las personas cuando se cometen en la adolescencia”, ha contado la inspectora del CGPJ, que pide ponerse en la piel de niños que tienen que pasar por un suplicio explicando vivencias íntimas y traumáticas “en innumerables ocasiones”. “Lo ideal es que solo tuvieran que hacerlo una vez, aunque creo que no se conseguirá nunca, pero debemos avanzar hacía ello», ha dicho.
“No debemos someter a los niños a un acto formal de enjuiciamiento contando estas cosas ante perfectos desconocidos”, ha remarcado la magistrada, que ha hablado ante juristas y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre la complejidad jurídica de los delitos que involucran a menores como víctimas, incluida la prostitución, la agresión y la trata.
La prueba preconstituida
La prueba preconstituida (declaración grabada del menor víctima de una agresión sexual) lleva poco tiempo generalizada en el caso de niños de menos de 14 años (es obligatoria), la realidad sin embargo aconseja ampliarla hasta los 18. “Conocemos casos de adolescentes que se han suicidado antes de llegar a juicio por el trauma y el estrés de la agresión, algo que en niños más pequeños no sucede porque no son conscientes de la significación sexual que tiene una situación de agresión sexual”.
Hernández entiende que deben darse todas las garantías para el investigado, y para eso pide que los juzgados lo citen y que la grabación se haga con todas las garantías, levantando acta sobre la calidad de imagen y sonido, «como una garantía del derecho defensa». Además que se haga con preguntas adecuadas a su edad y un perito que dé una noción científica no una mera impresión, sobre las características del menor para que valorar mejor la prueba y que sea lo más sólida posible.
