La sección segunda de la Audiencia de Ciudad Real ha absuelto de deslealtad profesional y apropiación indebida a C.D.C., una abogada de Almadén acusada por un cliente de apropiarse de 12.100 euros que le entregó para pagar deudas y gastos de representación.
La abogada, que contó en el juicio que fue víctima de violencia de género (su marido casi la mata) y a partir de ahí se truncó su carrera profesional y cometió errores, tiene tres condenas previas por deslealtad profesional (2007-2012), similares a esta última denuncia que se juzgó a mediados de abril.
El tribunal no encuentra pruebas para condenarla en este caso. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probado que el denunciante M.R.R.P. (contó en el juicio que eran amigos) contrató en 2015 a la abogada para que le llevara varios asuntos, entre ellos una denuncia y un desahucio en precario de un domicilio en Puertollano, además de comunicar a la familia del cliente lo que ocurría.
También le encargaron que se persona en otro desahucio seguido en los juzgados de Puertollano.
Rescató un plan de pensiones
Lo peor del caso fue que según el denunciante la letrada lo convenció en abril de 2016 para que rescatara un plan de pensiones de 15.700 euros y que ella pagase en su nombre deudas en un procedimiento de desahucio por 4.050 euros, otras con compañías de telefonías y otros pagos a familiares y entidades. El perjudicado dijo en el juicio que sacó el dinero con ella y que le dio todo excepto 1.200 euros. El tribunal considera que esto no se ha probado
“No ha quedado probado que M.R.R.P. entregara los 15.700 euros del plan de pensiones a C.D.C. para que ésta abonara las deudas y tampoco que ésta diera a tales fondos un fin distinto. Tampoco ha quedado acreditado que M.R.R.P. entregara a C.D.C. la cantidad de 800 euros para satisfacer las cantidades en el procedimiento de desahucio núm. 1084/2015”, dice textualmente la sentencia.
La acusada se enfrentó en el juicio a dieciocho meses de prisión, un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer la abogacía y a veintitrés meses de multa a razón de diez euros diarios (petición de la fiscalía). También que devolviera los 12.100 euros de la supuesta apropiación indebida.
