El juicio por el caso de las dos menores en desamparo que denuncian haber sido víctimas de agresión sexual durante nueve años, en casa de los tíos que las tenían en acogida en Ciudad Real, ha quedado visto para sentencia, con el tío político P.R.R. como acusado.
“Lo único que han hecho estas niñas es perder, su única ganancia es que haga justicia; no quieren nada más, es lo único que les queda”, ha explicado a Lanza Gabriel Pineño, que ejerce la acusación particular en nombre de la hermana más pequeña.
Las menores, ahora jóvenes de 21 y 23 años, han roto toda relación con su familia -con la biológica a los 7 y 10 años, cuando las declararon en desamparo-, y con los tíos que las acogieron (ella es hermana de su madre), y sus primas, a raíz de la denuncia de este caso en 2019, de ahí que el abogado sostenga que no hay ningún interés ilegítimo en ellas ni ganancia secundaria.
«Sí hay prueba suficiente para condenar»
Pineño, en contra de lo que mantiene el abogado de la defensa, asegura que sí hay prueba suficiente para condenar al pariente por dos delitos continuados de agresión sexual. La fundamental es el testimonio de las jóvenes, además de la psicóloga del programa Revelas-M (de atención psicológica a menores víctimas de delitos sexuales) que las cree y las ha tratado.
“El informe del equipo psicosocial del Instituto Forense no es concluyente”, mantiene.
Tres jornadas muy intensas, con varias decenas de testigos
El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia después de tres jornadas en las que han declarado varias decenas de trabajadores sociales y técnicos de menores de distintos Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Ciudad Real, del centro de la mujer y del instituto al que iban las menores.
Piden la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha defendido con distintos testimonios de la solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de 200.000 euros (cien mil por cada menor) que piden las acusaciones por no haber protegido lo suficiente a las chicas.
Al parecer entre el año 2010 y 2019, cuando se supone que se cometieron las agresiones sexuales, no había ningún protocolo para prevenirlos en los casos de familias con menores en acogida.
Respecto a por qué han tardado tanto tiempo en contarlo, el abogado de la acusación dice que no es indicativo de nada, “hay gente que lo cuenta tarde y otras personas que ni lo cuentan. No hay una regla general para denunciar delitos sexuales”, ha insistido.
La fiscalía mantiene la solicitud de 24 años
La fiscalía, que también acusa a P.R.R. aunque en 2019 no vio indicios de criminalidad en la denuncia inicial, que se archivó y luego se reabrió, ha mantenido la acusación de dos delitos de agresión sexual continuados sobre menores por los que pide 24 años de cárcel y 60.000 euros, treinta y mil a cada una, por el daño moral.
Francisco Víctor, el abogado que defiende a P.R.R. ha insistido en que la denuncia es “inverosímil e incoherente”, y ha pedido la libre absolución porque no hay pruebas que demuestren las presuntas agresiones, que según dice tal y como la han relatado las jóvenes es imposible que se produjeran.
La sentencia la dictará en unas semanas la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.