La Sección Segunda de la Audiencia provincial ha acogido la vistilla en la que las dos partes del proceso judicial contra el economista Pedro Garrido, el principal acusado de estafar entre 2012 y 2016 algo más de un millón de euros a clientes de su gestoría ‘Perkapital’ en Villarrubia de los Ojos, han alcanzado un acuerdo en la que las aseguradoras con las que trabajó, Helvetia y Amsur, han asumido la devolución de parte de esas cantidades a los cerca de 30 afectados, en concreto 712.000 euros como responsables civiles subsidiarios, mientras que Santa Lucía ha consignado otros 150.000 euros, en virtud de la póliza que Garrido tenía contratada con la empresa para cubrir riesgos.
La conformidad ha evitado el juicio y ha permitido la rebaja de la pena de cinco años y seis meses que pedía la Fiscalía (la acusación particular solicitaba seis) a 4 años de prisión para Garrido, por el delito de estafa agravada, y de 4 años y tres meses a 2 años para su mujer y su hija, María Ángel Rodríguez y María Ángel Garrido, respectivamente, que serán responsables penalmente de ser cómplices del delito de estafa, pero no de ser cooperadoras necesarias.
A falta de la sentencia, el pacto impulsado por el tribunal el pasado martes, día en el que tenía que iniciarse el juicio, permitirá cerrar el doloroso proceso vivido por los ahorradores perjudicados desde que saltó a los medios el fraude hace seis años. En este tiempo, tres de los afectados han muerto, y otros han sufrido importantes desgastes en sus relaciones familiares, según han declarado en los últimos meses.
El acuerdo ha sido plasmado en audiencia pública y con los acusados presentes, aunque separados en el banquillo, en un extremo la madre y la hija, y en el otro, el padre, y todos, al final, han verbalizado su respaldo a las modificaciones.
La fiscal Ana Isabel de Haro ha leído los términos de la conformidad, en la que Garrido se enfrenta a cuatro años de cárcel (ya ha cumplido dos años en preventiva, por lo que previsiblemente no volverá), a una multa de 10 euros diarios durante diez meses, y a cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio.
Del mismo modo, las otras dos acusadas serán condenadas a dos años de cárcel, tras haberse rebajado el tipo penal de su delito, y tendrán que hacer frente a una multa de seis euros diarios durante cinco meses. Casi con toda seguridad tampoco entrarán en prisión porque el tribunal decretará la suspensión de la ejecución de la pena.
Respecto a las indemnizaciones, las partes han acordado una rebaja en la cantidad defraudada, de 1.050.000 a 862.900 euros, “tras una fuerte negociación y la minuciosa revisión de la documentación”, ha señalado José Luis Vallejo, abogado de varios de los afectados que ha ejercido la acusación particular.
La cantidad será asumida por los seguros de las compañías Helvetia y Amsur, que hasta este martes se habían desentendido de las operaciones de su corredor, y que tendrán que ingresar en una cuenta judicial, desde donde se ordenará el reparto acordado.
En concreto, Helvetia aportará en concepto de responsabilidad civil 456.000 euros, y Amsur, 256.000 euros, cantidades todavía pendientes de imposición, mientras que Santa Lucía ya ha aportado los 150.000 euros correspondientes a la cobertura de la póliza que el principal acusado cerró con la compañía. En este caso, han realizado el pago indemnizatorio a favor de los perjudicados»por una conducta ajena a la compañía previsto en esa póliza».
El dinero resarcirá a 26 personas, organizadas en la causa en 16 bloques, que cobrarán cantidades diversas -en función del montante defraudado por el principal acusado-, que van desde los 5.000 euros a 15.000, 20.000, 30.000, 74.156, 116.000 o los 140.000 euros para uno de los matrimonios que más invirtió en los productos financieros ofrecidos por quien era su vecino y asesor de confianza. En concreto, le entregaron 215.000 euros para contratar un depósito en el desaparecido Banesto, que posteriormente se trasladó al fondo Sicavpgg , “un producto inventado” por Garrido, según el escrito de calificación del ministerio fiscal.
Vallejo se ha mostrado satisfecho porque “la mejor sentencia es un acuerdo”, y porque el agujero económico será cubierto en cáculos “acoplados» de manera personal en función de cada ‘agujero’, y «la documentación aportada”.
Participación mínima en los hechos
Por su parte, Rodrigo Caballero, defensor de las otras dos acusadas, se ha mostrado su satisfacción con matices «para facilitar el cobro de los afectados», dado que la participación de sus patrocinadas en los hechos «ha sido mínima», y a nivel personal «han asumido más responsabilidades de las que les corresponde».
Ahora, «lo importante» es que su nueva situación personal «les permita vivir y seguir adelante», una vez que «los afectados puedan recuperar sus cantidades».
¿Dónde está el dinero?
Pero lo que ninguna de las partes, a preguntas de los periodistas, saben es dónde está el dinero defraudado, calculado en la nada despreciable cantidad de más de un millón de euros. Según Caballero, ni sus defendidas «ni nadie lo saben». Igualmente, Vallejo ha dicho desconocer el destino de tan gran volumen de dinero, «si lo supiéramos no estaríamos aquí», ha señalado.
En todo caso, Garrido, presumiblemente brazo ejecutor del fraude, sólo pagará cárcel, y una pequeña multa.
El presidente del tribunal ha avanzado que la sentencia estará lista el próximo miércoles, y ha aconsejado a las dos acusadas «estar pendientes» de las comunicaciones por correo postal para recibir la suspensión de la ejecución de pena concional de cárcel.
