La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones ante los planes para utilizar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, sin actividad comercial desde hace años, para albergar inmigrantes; una conversación en la que según apuntan desde el Ejecutivo autonómico a Europa Press se ha admitido que se trata de un proyecto que se está estudiando.
Desde el departamento que dirige García Torijano apuntan a que han constatado la información con fuentes del Tercer Sector, tras lo que se han puesto en contacto con la Secretaría de Estado para pedir estas explicaciones, toda vez que no habían sido informados de estos planes.
En la conversación con García Torijano, apuntan desde su equipo, se ha admitido el extremo de este planteamiento para dedicar estas instalaciones ahora en desuso a este fin.
El aeropuerto de Ciudad Real podría dedicar sus instalaciones a ubicar un centro donde albergar a inmigrantes adultos provenientes, fundamentalmente, de fuera de la Península, un extremo ante el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado “sorprendido” al ser consultado por Europa Press.
Según informaciones que manejan las entidades que trabajan con este tipo de población y a las que ha tenido acceso este medio, el proyecto estaría muy avanzado; y el Ejecutivo habría llegado ya a un acuerdo con la empresa propietaria del aeródromo manchego e, incluso, habría encargado la contratación e instalación de barracones en los que empezar a alojar a los emigrantes que se trasladarian hasta esa improvisada instalación.
Ante este extremo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su “sorpresa y estupefacción” por la posibilidad de que el Gobierno de España plantee dedicar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real a este tipo de centro.
En todo caso, desde el entorno del Gobierno castellanomanchego se apunta que no se ha recibido información al respecto por parte del Ejecutivo estatal, y defienden que, en caso de confirmarse, la situación sería de “un despropósito absoluto y una barbaridad delirante”.
Según el argumento gubernamental castellanomanchego, si bien la política de inmigración es una competencia exclusiva del Estado, entenderían como una “desconsideración muy grave” que no se haya informado en ningún momento a la Administración regional en relación a un asunto que “no solo es muy relevante para el territorio, sino que puede afectar a quien tiene la obligación de garantizar la asistencia sanitaria u otro tipo de servicios de primera necesidad”.
