El secretario de Empleo de la Ejecutiva provincial del PSOE de Ciudad Real, Ricardo Calzado, ha destacado que la colaboración institucional y la “suma de esfuerzos” entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real, “está dando sus frutos en la provincia y ha posibilitado que hoy haya 2.854 parados menos que en marzo de 2017”.
Recuerda Calzado que durante los cuatro años en los que María Dolores de Cospedal gobernó la región, “los recortes llegaron a estos planes de empleo, que directamente fueron eliminados”, y mantiene que prueba de la importancia y eficacia de los mismos, está en que todos los ayuntamientos, “también los del PP, se han acogido al Plan de Empleo Extraordinario promovido por la Junta y la Diputación, como es el caso del Ayuntamiento de Malagón dirigido por Adrián Fernández”.
Precisamente sobre las declaraciones del portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, Ricardo Calzado considera que “Adrián Fernández debería saber que pese al dato coyuntural del mes de marzo, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España en creación de empleo en lo que va de legislatura, que más de 5.000 empleos han pasado estos últimos años de ser temporales a indefinidos y que desde que gobierna Emiliano García-Page hay 32.000 afiliados más en la Seguridad Social”.
En este sentido, el responsable socialista valora que desde el inicio de la legislatura haya 26.985 personas menos en desempleo, el 27% de ellas mujeres.
Aun así, el secretario de Empleo socialista reconoce que las instituciones deben seguir esforzándose en la búsqueda de empleo “digno y duradero”, e indica que el mes de marzo no propicia esta meta al estar afectado unos años sí y otros no por la Semana Santa, festividad en la que la creación de empleo está ligada al sector servicios y al turismo y, por lo tanto, tiende a la temporalidad y los contratos parciales.
Por último, Calzado ha reprochado que los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Rajoy “no apuesten por un cambio del modelo productivo” tras comprobar que no incluyen medidas presupuestarias para mejorar la innovación, la educación, o la introducción de tecnología, de manera que se apueste por un empleo de calidad, estable y con derechos, ni por políticas activas de empleo o, en último término, por mejorar la protección por desempleo “para el millón y medio de parados que no cuentan con cobertura alguna”.
