Ciudad Real es la segunda provincia de Castilla-La Mancha con más necesidades en los hogares, con un índice de vulnerabilidad dos puntos por encima de la media regional. En concreto, en los últimos meses se han concedido 31.000 prestaciones a familias ciudarrealeñas más necesitadas a través del Plan de Garantías Ciudadanas.
Así lo ha avanzado esta tarde en declaraciones a los medios la consejera para la coordinación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, antes de participar en la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantías Ciudadanas, junto con el vicepresidente segundo, José García Molina, a la que han asistido representantes de diversos colectivos sociales de Ciudad Real.
“Es la segunda provincia con más medidas y tras el diagnóstico realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), queremos trasladar cuáles son los elementos de vulnerabilidad más importantes”, dado que en el caso de familias con bajos ingresos o con menores en situaciones empobrecidas “está por encima del promedio de Castilla-La Mancha”.
Herranz ha celebrado el desarrollo de dicho plan, así como ha calificado de “buena noticia” la aplicación de la futura Ley Integral de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, que permitirá ofrecer “una cobertura integral” y al 100% de los hogares con más necesidades.
“Es buena noticia para la ciudadanía de toda la región y, especialmente, para la provincia de Ciudad Real”, ha recalcado Herranz, después de destacar el valor de que “la ciudadanía le ponga voz a todo el trabajo que hemos estado haciendo”.
Ha señalado que dichos encuentros provinciales forman parte “de la labor de la Administración de dar cuenta del trabajo que realiza a la ciudadanía”, para que ésta “pueda responder y pueda entrar en política”.
A su juicio, los administrados “tienen una oportunidad maravillosa” de “narrar, poner voz y explicar cuáles son sus necesidades”, así como pueden participar en la evaluación del plan y transmitir “cómo creen que esas medidas les pueden llegar mejor”.
Así, Herranz, con la comisión de esta tarde ha confiado en establecer “diálogos abiertos” para que cualquier persona “pueda plantearnos sus dificultades o preguntarnos acerca del plan”.
“Es importante que se evalúen las políticas y que tengan la capacidad para llegar a la población”, ha sostenido la consejera.
La ley será una realidad en este 2018
Por su parte, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, que ha viajado junto a Herranz a Ciudad Real, se ha mostrado seguro de que la Ley de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, actualmente con el anteproyecto en borrador, “será una realidad” en este año 2018.
La norma consignará, a su juicio, “cambios y transformaciones fundamentales en la política pública social de nuestra región”, pues permitirá la “racionalización” de la propia Administración Pública, “no en el sentido recorte económico”, sino para “que se puedan hacer más cosas, de manera diversa y eficaz”.
Para García Molina, la ley “planteará un antes y un después, gracias a la ventanilla única, que será un elemento importantísimo”, así como los ciudadanos podrán ver que la Administración responde “cuando las personas tienen dificultades”.
“Hablamos de la libertad y la igualdad de condiciones como elementos centrales de la democracia”, ha comentado García, para quien la libertad para que las personas puedan tener una vida mejor y puedan desarrollar sus proyectos vitales tienen que ir acompañada de una respuesta de la Administración “cuando las cosas se ponen mal”.
En su opinión, la ley posibilitará que las familias con menor capacidad económica “pueda tener una perspectiva de futuro y hacer sus proyectos” porque están respaldadas por una administración pública “que responde”.
En ese sentido, ha asegurado que Ley de Garantías “no tendrá precedentes” en la propia comunidad por “las medidas que va a poner en marcha”, como tampoco en “otras comunidades autónomas” por “la racionalización de la propia Administración Pública que va a suponer”-
Al hilo de esta reflexión, se ha mostrado contento por el cambio “sustancial” registrado en los últimos ochos meses desde que los representantes de Podemos entraron a formar parte del ejecutivo castellano-manchego, por un lado “para dar estabilidad a un momento político complicado”, y también “para poder hacer las cosas de manera diferente y mejorar la calidad de la vida de la gente tanto en el plano individual como en el conjunto”.
