Las máquinas han irrumpido este martes en la parcela que alberga las antiguas viviendas militares de la Puerta de Toledo para derribar el conjunto de edificios que se levantaron en los años 60 para dar cobijo a los militares del ya desaparecido Cuartel de la Misericordia del Ejército de Tierra. Un derribo que dará paso a la construcción de viviendas con algún grado de protección pública.
Unos trabajos de demolición que han comenzado justo un día después de que el Ayuntamiento de Ciudad Real aprobara la licencia para el derribo de estos inmuebles, los cuales llevan deshabitados desde 1988, año en el que el Regimiento de Artillería, Información y Localización (RAIL), la última unidad militar que prestó servicio en al capital, abandonara la ciudad para trasladarse a León.
La parcela de 6.000 metros cuadrados sobre la que todavía se asientan estas antiguas viviendas militares salió a subasta a finales del pasado año, siendo adquirida por la constructora Cahec, por un importe total de 2,6 millones de euros. Sobre ella deberán levantarse nuevas viviendas públicas, tal y como se recoge en el pliego de condiciones técnicas de la subasta, en el que se especifica que en la parcela «deberán construirse viviendas sometidas a algún régimen de protección pública», tras el acuerdo firmado en 2020 entre la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la JCCM, Emiliano García-Page, y la entonces alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. Además, la parcela también cuenta con usos compatibles como el administrativo, comercial, enseñanza, cultural, sanitario o de hospedaje, según se detalla en el informe elaborado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y que se adjunta en el pliego publicado por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
Viviendas públicas
Las negociaciones entre instituciones para llevar a cabo este proyecto se iniciaron en 2011, cuando se firmó un protocolo de actuación entre la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y el entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en virtud del cual el Gobierno regional se comprometía a edificar vivienda protegida en los terrenos cedidos por el Ministerio. Un protocolo que se renovó en diciembre del año pasado entre los titulares de Defensa, la JCCM y el Ayuntamiento de Ciudad Real para ‘desbloquear’ la situación y poder dar salida a esta parcela. Una renovación que implicaba un cambio sustancial, y es que ya no sería la JCCM quien levantaría esas futuras viviendas públicas, sino que sería un promotor privado el encargado de construirlas, actuando en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha en la búsqueda de promotores.
El consejero de Fomento de la JCCM, Nacho Hernando, avanzó en febrero del presente año que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha «ya habían mantenido reuniones con importantes empresas de la construcción«, de cara a que éstas fueran las encargadas de levantar las nuevas viviendas públicas. Además, también indicó que se habían mantenido contactos con empresas de distribución y cadenas de supermercados interesadas también en implantarse sobre estos terrenos.
