Ciudad Real será del 21 al 23 de mayo la sede española de la discapacidad, con motivo del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, un evento de relevancia científica y académica que reunirá a expertos nacionales e internacionales. Bajo el título «La salud mental como cuestión de derechos humanos», el congreso abordará la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental, analizando su situación jurídica y proponiendo mejoras legislativas.
El evento se ha presentado esta mañana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, en un acto en el que han intervenido María Martín, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Alfonso Gutiérrez Caballero, gerente de Laborvalía, entidad referente nacional en el empleo con apoyo; y Antonio Luís Martínez Pujalte, comisionado de congresos y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad.
Un entorno académico de referencia
María Martín ha destacado que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real es el entorno idóneo para la celebración de este congreso, gracias a su enfoque interdisciplinar en derecho, economía y relaciones laborales, materias fundamentales para mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad. Además, ha recordado la labor de la cátedra de Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, impulsora de iniciativas como el curso Incluye Inserta, el programa Discapamérica y la Clínica Jurídica, todos orientados a la formación e integración laboral de personas con discapacidad.

Visibilizar derechos y promover cambios normativos
Por su parte, Alfonso Gutiérrez Caballero, gerente de Laborvalía y presidente de la Asociación Española de Empleo y Apoyo, ha subrayado la importancia del Congreso para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y las que sufren problemas mentales. “Reivindicamos, -ha dicho-, los derechos fundamentales de estas personas, la protección a la vida y a la integridad, la no discriminación en el acceso a las oportunidades sociales, el respeto a la autonomía y el derecho a la información previa al consentimiento”. Para Gutiérrez, «los problemas de salud mental no son sólo problemas de salud pública, sino también de justicia y equidad». Por los que ha recordado que muchas personas en estas situaciones se ven obligadas a enfrentar una doble discriminación, debido a “los prejuicios, la exclusión, la segregación, los abusos en los tratamientos o el atentado a su capacidad de decidir”, que aún existe, y que, en mucho casos, son un obstáculos para su autonomía y acceso a sus derechos. En base a todo ello, Gutiérrez ha querido subrayar que “promover y divulgar el ejemplo de buenas prácticas en el respecto y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad son un objetivo primordial” del Congreso que se celebrará en mayo en Ciudad Real. “Y queremos, -ha añadido también-, que se convierta en un objetivo primordial para las administraciones, las entidades, los profesionales y la sociedad en general”.
Una cita con impacto académico y práctico
Antonio Luis Martínez Pujalte, comisionado de congresos y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, ha destacado que el Congreso sobre Derecho de la Discapacidad, que se celebra de forma bienal desde 2017, es ya un punto de inflexión en la agenda académica española sobre discapacidad. Tras cuatro ediciones anteriores, celebradas en Elche, Pamplona, Granada y Barcelona, ahora llega a Ciudad Real arropado por el buen hacer de Laborvalía y la cátedra de Discapacidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Según ha explicado, durante el congreso se abordarán temas como el internamiento involuntario. A este respecto, Martínez Pujalte ha señalado en que “en España todavía está permitido por la legislación, en concreto, por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el internamiento forzoso, sin consentimiento, en instituciones de personas con problemas de trastornos psíquicos”. Una normativa que todavía puede aplicarse a individuos con problemas de salud mental, pero también a personas con discapacidad intelectual. La práctica, ha dicho, es contraria a los tratados internacionales firmados por España, y de ello ya se ha advertido por el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Según los organizadores, el congreso tiene una doble vertiente, por un lado, el interés académico y científico para los profesionales del derecho, por la transversalidad del Derecho de la Discapacidad y su afectación a todas las disciplinas jurídicas, y por otro la incidencia en la vida práctica de las personas. El congreso “es importante”, ha remarcado Martínez Pujalte, “porque constituye una cita académica y científica que ya se ha hecho un hueco importante en la agenda de nuestro país y también porque de estos congresos salen propuestas de innovaciones y mejoras legislativas que buena parte de ellas llegan a hacerse realidad y aprobarse por los órganos legislativos”. A este respecto ha recordado como en ediciones anteriores, iniciativas como el reconocimiento del derecho al voto para las personas con discapacidad y la reforma del artículo 49 de la Constitución, ambas ya en vigor, surgieron de este mismo foro. Con este congreso, ha asegurado, “se busca no sólo analizar la legislación existente, sino también proponer mejoras”.
Además de las sesiones académicas, se han programado visitas a Almagro y bodegas locales, invitando a los asistentes nacionales e internacionales a conocer la cultura y el entorno de Ciudad Real. «Será un espacio de reflexión, pero también de propuestas concretas para seguir avanzando en la inclusión y protección de derechos», han concluido los presentadores del evento.