El Consejo de Gobierno ha remitido el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha al Consejo Consultivo para que elabore el informe preceptivo para su posterior remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo del mes de marzo, indica la Junta en nota de prensa.
Así lo ha trasladado el vicepresidente primero del Ejecutivo Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado que la futura norma y el conjunto de medidas que la componen buscan “incrementar las cotas de agilidad en los expedientes y simplificar la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración regional”.
Para ello, en el articulado del Anteproyecto de Ley se ha incorporado el silencio administrativo positivo; el uso y regulación de la Inteligencia Artificial; se crea el Espacio Ciudadano y se regula la figura de las Entidades Colaboradoras con la Administración regional.
Entre las principales novedades, se establece que el silencio administrativo pasa a ser positivo en términos generales y se regula también un doble silencio positivo ante un recurso de un ciudadano afectado sin resolver en plazo. Además, se establece que los plazos de resolución de los procedimientos competencia de la Administración regional sean de tres meses y el plazo de emisión de informes internos se reduce a diez días.
Declaraciones responsables y Entidades Colaboradoras
Durante su intervención, el vicepresidente primero ha subrayado que otra de las novedades de la Ley de Simplificación es que la suspensión de la autorización previa para actividades y se cambia por declaraciones responsables por parte del interesado, lo que se traduce en que “giramos hacia un modelo de Administración que confía más en el ciudadano, en que va a cumplir con la normativa y los requisitos que se exigen”.
Y, en este contexto, para seguridad del ciudadano, la empresa y la tranquilidad de la Administración, se prevé que las declaraciones responsables vayan acompañadas de informes de una Entidad Colaboradora de la Administración, ha explicado el vicepresidente primero.
Se trata, ha defendido Martínez Guijarro, de colaboración publico privada que se viene utilizando desde hace años en la administración. “Lo hemos hecho y lo haremos, no tenemos ningún problema en ir implementando fórmulas que mejoren la prestación de los servicios” y ha reiterado que la resolución de expedientes será por los órganos administrativos de las Comunidad Autónomas y la titularidad de los servicios “será siempre pública”.
Estas entidades, tal y como ha detallado, tienen que estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la propia Comunidad Autónoma para poder ejercer y participarán en los procedimientos administrativos que se prevea en la normativa sectorial de la de la región. En la Ley se han previsto un total de once competencias en las que podrán intervenir estas Entidades Colaboradoras.
Digitalización de la Administración
Otra de las grandes novedades de la futura Ley es la digitalización de los procedimientos y la incorporación de nuevas herramientas para conseguir esa agilización administrativa que se pretende.
Para ello, se ha incluido el uso de la Inteligencia Artificial para la tramitación de expedientes, dentro del marco de las directivas de la Unión Europea en esta materia, dando plenas garantías jurídicas tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía. Estamos -ha dicho- ante una regulación novedosa puesto que “somos la primera Comunidad Autónoma que incorpora esta regulación en una Ley”.
Y, por último, se incorpora la herramienta del ‘Espacio Ciudadano’, un espacio digital que permitirá a los castellanomanchegos acceder a los distintos servicios que ofrece el Gobierno de Castilla-La Mancha de forma sencilla y sin necesidad de hacer trámites de manera física, con el que el Ejecutivo autonómico quiere hacer de la Administración un agente proactivo. Dentro del propio ‘Espacio Ciudadano’ se incluye el ‘Canal Empresa’ “donde estará toda la batería de ofertas que dirigimos a los empresarios, también incorporando aquí la proactividad en función de los datos que tenemos”, ha sentenciado.
Una futura Ley muy participada
Finalmente, Martínez Guijarro ha señalado que el texto ha profundamente debatido en el seno del Gobierno de Castilla-La Mancha y, desde el inicio, se ha sometido al proceso de participación ciudadana.
En concreto, ha pasado por seis órganos colegiados entre los que están el Consejo Regional de Municipios; el Consejo de Diálogo Social; el Consejo Asesor de Medio Ambiente; el de dialogo social; cuenta con varios informes de la Administración Regional (Impacto Presupuestario; Impacto de Género; Impacto de Mercado; o Impacto Demográfico).
Todo ello ha cristalizado en un Anteproyecto de Ley compuesto por seis títulos; 71 artículos; dos disposiciones generales; y diez disposiciones finales “que incide de una manera importante en el cuerpo normativo de la Comunidad Autónoma y que, además, una vez aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha y entre en vigor, vendrá a modificar hasta ocho leyes de la Administración Regional para agilizar la tramitación administrativa.
