Este año he tenido la sensación de que nuestra fiesta regional –autonómica, en terminología constitucional- acusaba cierto cansancio; y aunque lo más probable sea que el cansado sea yo, no dejo de pensar en que la fiesta, hogaño, ha continuado desdibujándose como fiesta popular para engrosar la constelación de fiestas, que menudean por esta época. Confieso que en la época en que los trabajos constitucionales monopolizaban nuestras esperanzas políticas, deposité demasiada ilusión en el sistema autonómico que nos anunciaban para España: que a la salida de una dictadura personalista, se nos prometa una articulación autonómica para el gobierno del país, hace inevitable caer en cierto optimismo. Pero en el ánimo de “los padres de la Constitución”, ni las ideas eran muy definidas ni muy explicitadas. Me pareció francamente pretencioso el nombre elegido de “Estado de las Autonomías”, porque si la autonomía es parcial, hay que indicar en qué lo es; y entre nuestras “Comunidades Autónomas” las hay muy autónomas y muy poco autónomas, sin más indicación de su poder de autogobierno que sus farragosos estatutos.
Si el término griego “autós” viene a significar “uno mismo”, y “nomos” “derecho” o “costumbre”, estaremos de acuerdo en que nuestras autonomías pocas posibilidades tienen para establecer sus propias normativas, sobre todo las que no tienen tradición histórica… como es nuestro caso, que, para colmo, ni siquiera tenemos costumbres comunes muy arraigadas, ni muy extendidas: no estuvo claro qué provincias habían de componer la región y, al final, resultó más una autonomía de provincias que no encajaban en otras comunidades, que de territorios semejantes entre sí. Políticos de la época hubo que, como Ramón Tamames, quizá llevado por su condición de economista, llegó a publicar el poco sentido que tenía una Castilla-La Mancha separada de Madrid, y avanzaba la idea de que la capital de España precisaba de un amplio espacio en el que cupiese desahogadamente la ordenación económica y urbanística que era de esperar generase su capitalidad. Por supuesto aquella idea no solo era de economista, sino de economista a la sazón comunista y por ello más amigo de economías planificadas que de las alocadamente liberales.
Buena o mala, la idea no prosperó, tal como me esperaba… y no porque osara rebatir a Tamames; sino porque no veía a los nuevos políticos, ya procedieran de ideales democráticos o del franquismo, perder de buen grado su importancia provinciana para perderse entre los notables madrileños. Pero tampoco sobrevino la catástrofe que vaticinaban los centralistas fanáticos cuando aseveraban, que “España estaba condenada al centralismo o al caciquismo”, como si el caciquismo no fuera fruto de la política centralista incapaz de permitir la articulación de voluntades ms allá del poder central. La vieja Europa, anquilosada en tantas cosas, ha sabido dar soluciones a otras muchas, y conscientes de lo esterilizante de nacionalismos atomizadores, cuando no violentos, tras siglos de luchas entre regiones y “baronías” encontró la solución de convivir formando una sola unidad política: a veces respetando la pervivencia de las antiguas naciones-estado formando confederaciones, y otras veces respetando solo el reconocimiento de las nacionalidades culturales, conformando un solo estado de carácter federal.
Cualquiera de los dos modelos favorece la participación democrática: son los cauces políticos los que permiten la adopción de medidas de carácter estatal e incluso la dinámica del ejercicio de las políticas de Estado… y esto es algo más que un puro formalismo. Porque “federar” es unir, la federación suele suponer un avance en el mantenimiento de la dinámica común, potenciando los órganos de dirección interterritorial. En España, esa cámara de carácter más territorial existe: es el Senado, hoy condenado a retiro de políticos a medio jubilar, cuando lo lógico sería destinarlo a ser foro y coordinador de políticas integradoras, tal como parecía querer ser en un principio. Sin embargo, hace bien poco asistimos a su desprecio como tal: el Gobierno de España ha conseguido que su proyectos de presupuestos se aprobasen, pese a no contar con parlamentarios suficientes para ello, tras sumar los votos de su partido y otros afines con los de otras dos formaciones políticas de ideología poco coincidente: cinco del Partido Nacionalista Vasco y uno del partido Nueva Canarias.
Con el PNV, el Gobierno de España ha conseguido sus votos, tras unas complicadas negociaciones en las que se ha rebajado nada menos que en 569 millones de euros el “cupo vasco”, que es la parte de impuestos que corresponden a los gastos de competencias no transferidas, ya que todos los impuestos son cobrados por la Autonomía. Este privilegio nació al final de las Guerras Carlistas y no sobrevivió a la caída del País Vasco en poder de las tropas de Franco: a partir de entonces, solo Navarra y Álava siguieron gozando de él, pero no así Vizcaya y Guipúzcoa, que fueron castigadas “por rojas”, hasta que en los años ochenta la democracia les retiró el castigo franquista. Y también las negociaciones con Nueva Canarias resultaron económicamente rentables, aparte de servir para allanar el camino de otras modificaciones legales. Parece poco serio llegar a estos acuerdos jurídico-políticos de trascendencia estatal, por simples mercadeos: es llevar el centralismo al límite.
