Funcionarios convocados por CSIF se han concentrado este lunes en Ciudad Real, como en el resto de capitales de provincia de España, para exigir financiación para la mutualidad de empleados públicos Muface, ante el conflicto abierto entre el Gobierno y las aseguradoras médicas por el que peligra el sistema de atención sanitaria.
“La mutua de los empleados públicos no es un privilegio, es una condición”, ha reivindicado Cristina Donate, presidenta en Ciudad Real de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en la protesta ante la Subdelegación del Gobierno.

“Una catástrofe para la sanidad pública”
75.000 funcionarios de Castilla-La Mancha, 18.000 de ellos en Ciudad Real, del millón y medio afectado en toda España, perderán prestaciones sanitarias si el 31 de enero el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo sobre el convenio de Muface. Esas miles de personas ingresarían en el régimen general de la Seguridad Social lo que según CSIF «es una catástrofe” para la sanidad pública.
Un modelo «viable y sostenible»
La líder provincial de CSIF afirma que son muchos los funcionarios y jubilados de la función pública que ven cómo les retrasan las citas médicas por esta falta de acuerdo. “Es desesperante lo que está pasando”. Además mantienen que el modelo actual de Muface “es viable y sostenible”, y en opinión de este sindicato “contribuye a ahorrar”.






Por otra parte, los funcionarios convocados por CSIF critican al Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha al que cuestionan “por mantener los recortes de Cospedal”, en cuanto a condiciones laborales en especial en la sanidad pública, y han denunciado que García-Page no les reciba, “pese a que somos el sindicato mayoritario en la mesa de la función pública”.
“Queremos seriedad, se tienen que sentar a negociar un nuevo acuerdo salarial que finaliza este año, tenemos una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 20%”, ha remarcado Donate.