La Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, Mª de los Angeles Herreros, mantuvo el pasado viernes una larga entrevista de trabajo con una delegación del Sector de Administración General de Estado (AGE) del sindicato CSIF, mayoritario en la AGE de Ciudad Real, donde preside la junta de personal y su comité de empresa, realizando un detallado repaso a muchos de los servicios de la administración estatal en la capital y la provincia, como el Servicio de Empleo, DNI y pasaporte, Tráfico, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, comisaría de Puertollano, Confederación del Guadiana, instituciones penitenciarias o parques nacionales.
La delegación de CSIF entregó a la subdelegada un detallado informe de sus peticiones y quejas sobre el estado de muchas dependencias y la falta de medios personales en casi todas, quien agradeció esta visión aportada por CSIF sobre la administración del estado en nuestra provincia, en donde trabajan mas de 1.200 empleados públicos, entre funcionarios y laborales, todo ellos afectados por los recortes aplicados desde el año 2010 y pendientes de negociar, como instaurar a la jornada de 35 horas, recuperar el 5% salarial detraído, permisos de paternidad y maternidad intransferibles de 20 semanas en 2020, como ya se contempla en el Acuerdo firmando en Andalucía, bolsa de horas para la conciliación familiar, equivalentes a 80 horas, acumulables en días, mejora de retribuciones hasta llegar a un salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, entre otros
Entrando en asuntos provinciales, los delegados de CSIF pidieron a la subdelegada, tal y como este sindicato viene haciendo desde 2015, tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2015, que declaró inhábiles los sábados a todos los efectos administrativos, el cierre de la oficina de registro de la Subdelegación del Gobierno, ya que dichas oficinas se han cerrado en numerosas regiones, pero la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha las mantiene abiertas, lo que para CSIF supone una flagrante discriminación de los funcionarios que prestan sus servicios en nuestra Comunidad Autónoma y un quebranto del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Por otra parte, no deja de ser una incoherencia de imposible comprensión el hecho de que unos Delegados de Gobierno adopten la medida del cierre, motu proprio, sin tener la competencia para ello, con la inhibición del anterior ministro de Hacienda y Función Pública, y ahora esté siendo también consentido por la ministra de Política Territorial y Función Pública. Le instamos, pues, a que lleve a cabo las gestiones oportunas ante los altos cargos de su Ministerio al objeto de que se unifique el criterio en esta cuestión, encaminado al lógico y necesario cierre de las oficinas de registro en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, sin que repercuta en las retribuciones de los funcionarios que prestan sus servicios en esas dependencias, pues el cómputo de horario que vienen haciendo lo llevarían a cabo de lunes a viernes.
Servicio de Empleo y comisaría
En relación con el Servicio Público de Empleo Estatal en Ciudad Real, la delegación de CSIF informó a la subdelegada de que este organismo sigue contratando personal interino para mantener la eficacia en su gestión y poder pagar en fecha a los desempleados, pidiendo que se cubra lo antes posible la baja de la Subdirección Provincial de Gestión Económica y Servicios, para mantener la calidad en un servicio tan esencial y sensible, donde se han reiterado episodios de violencia verbal. Asimismo, se pidió la cobertura de las demás plazas vacantes, como la de letrado, algo insólito en la historia de este organismo.
Por otra parte, CSIF pidió a la subdelegada que se interese por la ejecución una segunda fase de ampliación del espacio donde esperan a ser llamados los administrados, una vez realizada una primera que demandó reiteradamente CSIF, solicitándole que se interese por esta obra pendiente, a fin de darle el impulso que precise.
Por último, CSIF reiteró a la subdelegada, haciendo eco de las demandas de los empleados en la comisaría de la capital, mayor espacio para atender con privacidad y sin ruidos a los ciudadanos que tramitan sus DNI o pasaportes, así como la instalación de un arco de seguridad a la entrada- petición extensible a toda la provincia- y personal que ayude a los administrados en las máquinas de renovación de la clave del DNI electrónico.
