La sección segunda de la Audiencia Provincial ha señalado para la semana que viene, por cuarta vez, el juicio por presunta administración desleal a los dos promotores de la residencia de mayores de Ciudad Real Andamarc (frente al hospital).
En el banquillo, H.M.R.R., y D.R.G., acusados por la fiscalía de administración desleal, si bien sus exsocios consideran al primero autor de un delito de estafa que les ha causado un quebrando económico de unos tres millones de euros (con el otro han alcanzado un acuerdo que en teoría se plasmará la semana que viene).
Concesión en 2010, ampliación en 2013
H.M.R.R. y D.R.G. obtuvieron en el año 2010 una concesión administrativa del Ayuntamiento de Ciudad Real para construir una residencia de mayores, que ampliaron en una segunda fase de obra para crear un centro de día y plazas para personas con discapacidad. En el grupo había otros empresarios que en 2013 se convirtieron en accionistas mayoritarios y han acabado querellándose contra los primeros por administración desleal.
La fiscalía entiende que ambos acusados son culpables de un delito de administración desleal que le ha podido suponer al grupo empresarial un quebrando económico de dos millones de euros, y pide para ellos 3 años de prisión.
Casi nueve años de cárcel
Pero la acusación particular, representada por el abogado Jesús Barroso, va más lejos y solicita 9 años de cárcel para H.M.R.R. Lo acusan de los siguientes delitos continuado de estafa, otro de apropiación indebida y administración desleal (seis años): continuado de estafa procesal (nueve meses de prisión) y falsificación de documentos (dos años y seis meses).
Se supone que ambos acusados, como administradores solidarios de Grupo Andamarc, firmaron en julio de 2011 un contrato de ejecución de obra con la constructora pero se reservaron la ejecución directa de varias partidas, como la dotación de equipamientos de mobiliario, lavandería y cocina de la residencia y el control técnico.
Sobrecostes desproporcionados
Esas partidas de obra fueron subcontratadas por la constructora a nueve sociedades que los acusados habían constituido sin el conocimiento del resto de sus socios, y a través de las cuales lograron facturar sobrecostes desproporcionados a su propia sociedad, Grupo Andamarc, de la que también eran administradores solidarios.
24.000 euros por la visita del obispo
Los escritos de acusación también ponen de relieve la emisión de facturas falsas por servicios no prestados por los acusados ni por sus nueve empresas o por conceptos llamativos, como los 24.000 euros que cobraron por gestionar la visita del obispo para la inauguración de la residencia.
Además la acusación particular reprocha a los acusados “haber suscrito sucesivas ampliaciones de capital a través de la emisión de facturas falsas con las que lograron obtener el dinero necesario para desembolsar las acciones adquiridas”.