Cuatro de los siete acusados de introducir y distribuir en 2007 importantes cantidades de cocaína en Calzada de Calatrava desde diversos países, principalmente Bolivia, han aceptado este martes condenas de un año y medio de prisión y multa de 50.000 euros.
Los dos hombres, M.P.J. y F.J.R.A., y las dos mujeres, N. L.B. y D.R.J., han reconocido los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real, y han asumido la rebaja de la pena acordada entre el fiscal, que pedía entre 4 y 5 años de prisión e indemnizaciones de 106.000 euros para cada uno de ellos, y los abogados de las defensas.
Por su parte, dos de los otros tres acusados de delitos contra la salud pública que no han comparecido, el varón C.A.M.C y la mujer N.E.A.J., los principales imputados, están declarados en situación de rebeldía, al igual que A.B.S., recientemente fugado en un permiso penitenciario.
De esta manera, la vista ha quedado cerrado para sentencia, sin la celebración de un juicio previsto para tres días por unos hechos que ocurrieron en 2007.
Precisamente, el fiscal Luis Huete ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas en un proceso que se ha alargado durante casi doce años por “múltiples causas”, como unas investigaciones dilatadas por las numerosas intervenciones telefónicas.
Ha explicado que ha pedido la suspensión de condena porque en el caso del matrimonio entre M.P.J y N. L.B. tienen antecedentes penales “muy antiguos”, de 2008, y además cumplieron 10 meses de prisión preventiva “y no me parecía de razón que cumplieran unos meses de cárcel”.
De la misma manera, ha sostenido que “no han continuado delinquiendo” y por ello “mi criterio ha sido favorable a que se les diera una oportunidad de dos años sin cometer delitos”. Esta decisión “junto con la cárcel cumplida” es para Huete “reproche suficiente”, aunque “la Sala es la que se pronunciará”.
Por su parte, F.J.R.A. no cumplió prisión preventiva.
Según el escrito del fiscal, los hechos se produjeron a lo largo de 2007 y todos los acusados percibieron “importantes beneficios económicos”, cada cual “en la medida de su aportación y conforme a reglas de reparto”.
Las investigaciones, realizadas por los grupos de Estupefacientes de las comisarías de Policía de Almería y de Ciudad Real, determinaron que los cabecillas, M.P.J., alias ‘el pollo’ y C.A.M. eran los encargados de hacer llegar la cocaína a España procedente de Bolivia.
A su vez se servían de A.B.S. y F.J. R. para trasladar presuntamente la droga desde Madrid a Almería, en concreto el primero era el responsable de recibir a las personas procedentes de otros países con la cocaína y trasladarlas a Calzada de Calatrava. De esta manera, realizaba los contactos telefónicos para los transportes, almacenajes y distribución de la sustancia estupefaciente, siempre bajo las órdenes de C.A.M.
Precisamente, en uno de los registros en el domicilio de A.B.S. en Calzada de Calatrava, el 25 de marzo de 2007, la Policía se incautó de una libreta y dos agendas con instrucciones de las operaciones ilícitas, 3.000 euros en billetes, y un billete de avión de ida y vuelta entre Santa Cruz y Madrid.
En cuanto a la mujer N. L. B., alias Victoria, era la encargada de recibir la cocaína en Almería y buscar el dinero para pagar la droga, tras su llegada desde la localidad ciudarrealeña.
