Hasta 10 guardias civiles han comparecido este miércoles en el juicio que se sigue desde ayer en la Sección Primera de la Audiencia provincial de Ciudad Real contra siete acusados por diferentes delitos -tráfico de drogas y blanqueo de capitales-, y han declarado en los mismos términos sobre las investigaciones que realizaron y que derivaron en la intervención de los teléfonos de dos de los cabecillas durante meses (2018, 2019 y 2020) autorizados por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almadén.
El instructor del atestado ha sostenido a preguntas del fiscal jefe, Luis Huete, que iniciaron la investigación de hasta trece personas -seis alcanzaron un acuerdo el lunes (dos) y el martes (cuatro)- por “un oficio judicial” tras la denuncia de un hombre que fue víctima de una agresión, así como iniciaron los pinchazos “por orden del juzgado”.
Además, había “otros indicios” sobre Rubén el principal acusado, Rubén T. P., su esposa Ainoa F., sus padres, Domingo T. y Adela P., y sus suegros Francisco Javier F. y María Petra H., ante el elevado nivel de vida que llevaban, los recursos patrimoniales que adquirieron –la mayoría a nombre de los familiares- y los incesantes ingresos –de hasta 50.000 y 55.000 euros- y transferencias bancarios entre este núcleo familiar.
Además, según el agente, “había aumentado el consumo de drogas en el pueblo”.
Respecto a los contenidos de las llamadas intervenidas que, según el abogado que defiende a seis de los acusados (los familiares de Rubén T.), Miguel López, no fueron determinantes para impulsar la causa, razón por la que pidió en la primera sesión la nulidad del juicio, el guardia civil les ha dado validez como evidencias de criminalidad, aunque expresamente “no hablen de drogas”, como es habitual entre personas que se dedican a la compra y venta de sustancias estupefacientes. Pero a lo que el instructor ha dado visos de certeza es al «tren de vida» que llevaba Rubén y su familia, dado que el principal acusado encabezaba una pequeña explotación ganadera de unas 300 ovejas, y su mujer no tenía actividad laboral.
Al parecer, además de los movimientos del dinero en el banco y las imposiciones entre los familiares, había facturas de pagos en una clínica de fertilidad de hasta 6.000 euros. “Llama la atención la diferencia entre gastos e ingresos en 2018”, ha llegado a decir otro de los guardias civiles que han comparecido ante el tribunal esta mañana.
Por su parte, los agentes que participaron en los registros del domicilio y la finca rústica de Rubén T. (esta última a nombre de sus padres), han recordado las sustancias y útiles que encontraron, marihuana, sustancias de corte (para tratar la cocaína), 14.000 euros, una escopeta sin papeles y una prensa escondida entre pacas.
En el caso del registro en la casa de Bernabé Z., otro de los acusados más señalados, hallaron cincos papelinas ya preparadas y una báscula de precisión.
En los referido a los seguimientos, los agentes que participaron han coincidido en señalar que fueron varios y que no los reflejaron en el atestado porque formaban parte “de las prácticas normales” de su actividad.
Los investigadores además también han destacado la información obtenida en algunos móviles requisados en los registros, que no habían sido intervenidos porque desconocían que estaban siendo usados. Al parecer, tras su clonación, había mensajes de WhatsApp en los que hablaban de la venta de un kilo de cocaína por 34.000 euros.
La Sala también ha escuchado algunas de las conversaciones pinchadas a Bernabé Z., al que sus interlocutores le pedían “uno o dos huevos”, que les rebajara o fiara el dinero o comentaban la calidad de algo indeterminado (supuestamente la droga).
También ha intervenido por videoconferencia un testigo protegido, que inopinadamente ha sido desvelado (una mujer) por la pregunta del abogado de Bernabé Z., cuando le ha preguntado por el asunto pendiente con su patrocinado relacionado con la custodia de sus hijos.
Penas de cárcel
Los acusados se enfrentan a las penas de entre cuatro y ocho años de cárcel que pide la Fiscalía, quien los considera a todos implicados, de manera activa o como perceptores de los beneficios de la venta y distribución a terceros de cocaína y cannabis en la localidad de Almadén y su comarca.
En concreto, pide para Rubén T. cuatro años de prisión y 3.500 euros de multa por el delito de tráfico de drogas, y cuatro años de prisión y 176.610 euros de indemnización por el de blanqueo de dinero, mientras que Bernabé Z. se enfrenta a cinco años por tráfico de drogas con el agravante de reincidencia y 250 euros de multa.
El juicio seguirá el próximo 23 de septiembre con su tercera sesión a partir de las 10 horas.
