P.R.R., el acusado de agredir sexualmente durante nueve años a dos sobrinas carnales de su mujer, a las que acogieron en su casa cuando tenían 7 y 10 años y la Junta asumió su tutela por su situación de desamparo, considera “inverosímil” las graves denuncias de las menores, ahora veinteañeras.
El acusado, al que se juzga a puerta cerrada ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha declarado durante una hora en el juicio para negar el espeluznante relato de las jóvenes, que han ratificado su denuncia después de él, en la misma sala protegidas por un biombo. “Lo que dicen y han mantenido es incompatible con una mínima racionalidad”, ha explicado a Lanza después del juicio Francisco Víctor, el abogado defensor de P.R.R.
“Denuncian agresiones a la misma hora y en el mismo lugar”
Las jóvenes aseguran que eran objetos de agresiones sexuales prácticamente todos los días y todas las semanas, “siempre a la misma hora y en el mismo lugar”, lo cual según el abogado no es posible, teniendo en cuenta que en la vivienda en la que vivían con sus tíos lo hacían dos niñas más, las hijas biológicas del matrimonio, y solo hay un cuarto de baño y tres habitaciones, “es imposible que nadie oyera nada durante nueve años, cuando hablan de no menos de 20.000 episodios”, insiste Víctor.
La defensa aporta el informe de un ingeniero de sonido
La defensa llevará al juicio, que sigue este jueves con más testigos, a un ingeniero de sonido y un arquitecto, que ha estudiado el diseño de la vivienda, “a los que les hemos pedido un informe sobre ruidos; cualquier ruido, gesto o llanto se hubiera oído”.
Víctor se aferra también al informe del equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real que tiene dudas sobre la verosimilitud del testimonio de las jóvenes, que ejercen la acusación particular por su cuenta en el caso.
A esta parte le llama la atención que en nueve años no contaran nada ni tuvieran ningún comportamiento extraño que pasara los filtros de control de los trabajadores sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (a los menores en acogida se les hace un seguimiento), ni tampoco en el colegio.
Además cuestiona que el caso, que se archivó en 2019 con las mismas pruebas: la denuncia de las chicas, se reabriera en 2020.
Las acusaciones particulares, que piden treinta años de cárcel para el acusado -24 la fiscalía- y ellas mismas han contado en el juicio que no denunciaron antes por la vinculación con este “hogar”.
Solicitan la responsabilidad subsidiaria a la Junta
La Junta de Comunidades se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiaria, en caso de que se condene al acusado, por no haber detectado lo que supuestamente estaban viviendo estas niñas, de una familia biológica desestructurada y en exclusión social.
En la primera sesión, además de las víctimas y el presunto agresor sexual han declarado amigas y personal del instituto en el que estudiaban, los primeros en enterarse de los presuntos delitos sexuales.
El juicio sigue este jueves con más testigos que no han podido declarar este miércoles, muchos de ellos técnicos de diferentes servicios sociales, de menores y del centro de la mujer de Ciudad Real que han atendido a las chicas en distintas etapas de su desarrollo.