El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la licencia para derribar las antiguas viviendas militares de la Puerta de Toledo. Así lo ha decidido este lunes la Junta de Gobierno Local, que ha autorizado a la empresa a derribar todos los inmuebles que se sitúan en esta parcela de más de 6.000 metros cuadrados y sobre la que se levantarán viviendas sometidas a algún régimen de protección pública», tras el acuerdo firmado en 2020 entre la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la JCCM, Emiliano García-Page, y la entonces alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora.
Tras la demolición de estos edificios, que conllevará cortes de tráfico en las inmediaciones de la parcela, comenzará la construcción de viviendas de protección pública, las cuales serán ejecutadas por la constructora Cahec.
Los terrenos se subastaron a mediados de diciembre del año pasado por 2,6 millones de euros tras varios años de idas y venidas a la hora de subastar estos edificios, que llevan en desuso desde finales de la década de los 80.
Viviendas públicas
Las negociaciones entre instituciones para llevar a cabo este proyecto se iniciaron en 2011, cuando se firmó un protocolo de actuación entre la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y el entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en virtud del cual el Gobierno regional se comprometía a edificar vivienda protegida en los terrenos cedidos por el Ministerio. Un protocolo que se renovó en diciembre del año pasado entre los titulares de Defensa, la JCCM y el Ayuntamiento de Ciudad Real para ‘desbloquear’ la situación y poder dar salida a esta parcela. Una renovación que implicaba un cambio sustancial, y es que ya no sería la JCCM quien levantaría esas futuras viviendas públicas, sino que sería un promotor privado el encargado de construirlas, actuando en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha en la búsqueda de promotores.
El consejero de Fomento de la JCCM, Nacho Hernando, avanzó en febrero del presente año que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha «ya habían mantenido reuniones con importantes empresas de la construcción«, de cara a que éstas fueran las encargadas de levantar las nuevas viviendas públicas. Además, también indicó que se habían mantenido contactos con empresas de distribución y cadenas de supermercados interesadas también en implantarse sobre estos terrenos.
