El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, ha señalado que si se quiere “desterrar” aquello que se hace mal en el mundo de campo, como los alojamientos “indignos”, se debe “poner en conocimiento que existen”, por ello, a pesar de que se intensifica la vigilancia” de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha demandado “colaboración de la ciudadanía para detectar aquellos incumplimientos que pudiese haber”.
Así se ha pronunciado González Ramos en declaraciones a los medios este miércoles en Toledo con motivo de la Comisión de Coordinación Regional de Flujos Migratorios Laborales en Campañas Agrícolas, junto al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
Cumplimiento “absoluto y riguroso”
El delegado ha señalado el “cumplimiento absoluto y riguroso” de los agricultores y las empresas, pero ha dicho que está convencido de que hay cosas “que se pueden mejorar” para que los trabajadores “tengan condiciones dignas” en los alojamientos.
González Ramos ha indicado que en el segundo semestre del año hay más “intensidad” de trabajo, por lo que ha destacado que van a estar “vigilantes” para que “las cosas se hagan bien”, por ello ha pedido la colaboración “de todos”, ya que “si la mayoría de los agricultores cumplen”, se ponga en conocimiento de las administraciones aquel que incumpla, por que son “muy pocos”
El delegado también ha indicado que se va a mejorar la agilización para que cuando los agricultores necesiten mano de obra “no tengan que esperar mucho tiempo”, esto es algo, según ha confirmado, que se venía haciendo.
CONVENIO REGIONAL EN EL CAMPO
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que lo “más importante” de afrontar es poner en marcha un convenio regional en el campo, ya que, a su juicio, ya ha terminado el tiempo de hacer convenios provinciales.
En este sentido este convenio serviría “para hacer lo mismo en cualquier provincia, se tengan las mismas condiciones y se negocie de una menera única”, algo que supondría “un gran avance desde el punto de la relación contractual entre empleados y empleadores del sector agrario”.
Martínez Arroyo ha destacado que en la región hay 120.000 solicitantes de la Política Agraria Comunitaria (PAC), de los que un cuarto de ellos cotizan como autónomos, y entre todos ellos contratan a unos 40.000 trabajadores asalariados en las campañas, por ello “se trata de garantizar los derechos de esos trabajadores”.
