Las tres peritas del equipo psicosocial forense del juzgado han ratificado las versiones de los nueve menores que presuntamente sufrieron distintos tocamientos por parte del ex sacerdote P.J.A. entre 2013 y 2015 cuando contaban con entre 11 y 14 años y eran alumnos del acusado en el seminario de Ciudad Real.
En otra larga sesión del juicio que se sigue en la Sección Primera de la Audiencia provincial contra el religioso por abusos sexuales, por los que el Ministerio Fiscal y la acusación de tres de los jóvenes piden penas superiores a los 40 años de prisión, las profesionales han defendido la credibilidad del conjunto de manifestaciones de los adolescentes obtenidas con sus entrevistas, que apuntaban a que habían sido objeto de reiterados tocamientos de carácter sexual por parte del investigado.
“Estamos contentas porque hemos expuesto claramente nuestras conclusiones, en las que vemos creíbles los testimonios de los chicos y toda la historia, y en la que hemos querido dejar claro lo que pensábamos”, han dicho en declaraciones a la prensa tras la celebración de la jornada a puerta cerrada.
Las peritas del Instituto de Medicina Legal han comparecido a lo largo de varias horas y se han enfrentado en una especie de careo con dos colegas de Madrid propuestos por la defensa, que, en su caso, han mantenido una posición contraria a la de posibles abusos o al menos han cuestionado los testimonios de los alumnos.
Al parecer, se han vivido momentos de tensión entre los portavoces de ambas posiciones, en las que la presidenta del tribunal ha tenido que llamar la atención tanto a las profesionales psicosociales como a los abogados de las partes.
Estas valoraciones psicosociales se han alargado durante toda la mañana y han impedido que el juicio quedara visto para sentencia, tal y como estaba previsto por la Sala. Por ello, será este miércoles cuando se celebre la última sesión, con la presentación de los informes de conclusiones por parte de la fiscal y los letrados de la acusación y la defensa.
Precisamente, el abogado de tres de las víctimas que se han personado en la causa, Rodrigo García, ha respaldado las evaluaciones de las expertas psicólogas, pues, a su juicio, han visto como altamentes creíbles los testimonios como propios de una realidad vivida por los jóvenes.
“Han defendido con uñas y dientes el resultado de las peritaciones realizadas a lo largo de la instrucción, tanto respecto a la credibilidad del relato, como por las consecuencias de los hechos presuntamente cometidos”, ha indicado.
Así, se ha mostrado “muy satisfecho” con dichos informes.
Sin embargo, ha querido aclarar que la verificación de las denuncias “no significa que se vayan a elevar como hechos probados y definitivos, ni que suponga la condena”, sino que “son una prueba más a valorar en este laborioso proceso judicial”.
De la misma manera, no ha comentado las aportaciones periciales de la defensa del acusado, “al que le asisten la ley para su mejor beneficio”.
Respecto a la última jornada de conclusiones, García ha dejado entrever que modificará sus conclusiones provisionales con una agravación de las conductas a valorar y, por tanto, las posibles penas a imponer.
Por su parte, Francisco Maroto, defensor del ex sacerdote, ha corroborado la posición de las voces expertas que ha presentado, así como ha reiterado que pedirá la absolución porque arguemtnos “razonados”.
A lo largo de varias sesiones desde que se inició el juicio a primeros de diciembre (fue suspendido en septiembre) han comparecido las víctimas y sus familiares, sacerdotes de la Diócesis, personal y seis religiosos vinculados al seminario.
Entre ellos estaba Bernardo Torres, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, quien juzgó a P.J.A. en el año 2016, e impuso una sentencia canónica que contemplaba una reclusión del cura en un monasterio por cinco años, que el acusado no aceptó, porque se cree inocente.
P.J.A. es el primer cura apartado de la Iglesia en España por presuntos abusos antes de haber sido juzgado por la justicia ordinaria, y precisamente el caso saltó a la luz por una denuncia del propio Obispado que tras una investigación interna puso los hechos en conocimiento de los padres y de la Fiscalía Provincial.
