Madrid (EFE).- Los expresidentes de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) Jesús Terciado y Jesús Bárcenas se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía, acusados de falsedad documental y apropiación indebida, una vez que el juez ha decidido la apertura de juicio oral.
Ambos habrían cobrado irregularmente honorarios por labores de consultoría a la Confederación a través de sus sociedades Ingaset y Tecrucyl, que habrían causado un deterioro de 1,2 millones de euros, según consta en el escrito de acusación, que adelantó el lunes “El Confidencial”.
El juzgado de instrucción n 33 de Madrid investiga desde 2014 la denuncia presentada por tres miembros de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes): el secretario general, Bernabé Gascón; el tesorero, Benjamín Castro y el asesor jurídico, Ricardo Andrés.
Además de a Terciado y Bárcenas, la Fiscalía acusa a tres ex secretarios generales de Cepyme, José Manuel Vilar Martínez, José Alberto González-Ruiz y Gonzalo Garnica como cooperadores necesarios, para todos los cuales pide cuatro años de prisión.
Asimismo, Terciado deberá hacer frente al pago de 967.418 euros tal y como ha acordado el juez instructor, que también ha impuesto 3.000 euros en concepto de fianza al resto de acusados.
Por su parte, la acusación particular eleva su petición de pena en el caso de Terciado, a quien imputa estafa agravada y falsedad documental, por lo que solicita seis años de prisión y una indemnización a Cepyme de 722.563 euros por el perjuicio económico causado.
Según relata la Fiscalía, Bárcenas acordó dotarse de un sueldo con el beneplácito del entonces secretario general José Manuel Vilar, “de común acuerdo, ocultándoselo a los órganos colegiados y pese a no existir ninguna disposición que lo acordara” a través de dos vías.
En primer lugar, alquilando por 5.365 euros un coche “de la más alta gama” y que pertenecía a la empresa del expresidente de la patronal, quien “accedía a esta importante partida económica que cobraba conforme a su libre designación”, escondiéndola bajo la denominación de “gasto de personal”.
Además, expone el escrito, Bárcenas se adjudicó un sueldo de 5.500 euros mensuales brutos entre los años 2009 y 2010, que no constaba en los libros contables.
Al margen de los anteriores gastos, asumidos en concepto de representación, también estaba dispuesto el reembolso del dinero mediante dietas o el abono por medio de una tarjeta bancaria de la Cepyme.
El fiscal apunta a Vilar y José Alberto González, ex secretarios generales, como encargados de enmascarar los más de 730.000 euros derivados a las empresas de Terciado, entonces al frente de la patronal, por su “asesoramiento y consultoría” entre 2010 y 2012.
En declaraciones ante el juez, Bárcenas negó haber cargado a Cepyme honorarios de ninguna de estas sociedades, en contra de lo que declaró Terciado, que aseguró que esta práctica estaba vigente en la Confederación “durante los mandatos anteriores”.
Entre los testigos llamados a declarar figuran, además de los denunciantes, el actual presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, el exsecretario de la CEOE José María Lacasa, el socio de EY José Luis Ruiz Expósito, y Rafael Ruiz Anguita.
La Fiscalía señala que puesto que la Asamblea de Cepyme renunció a solicitar la devolución de los 1,2 millones de euros, no cabe exigir responsabilidad civil, pero sí insta al juez a que abra una pieza separada para ello
