El Gobierno Central coordina actuaciones contra la trata de personas

Lanza Ciudad Real
Mar Álvarez en la reunión con las unidades provinciales contra la violencia sobre la mujer / Lanza

Mar Álvarez en la reunión con las unidades provinciales contra la violencia sobre la mujer / Lanza

Miembros de la Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y responsables de Extranjería de la AGE mantuvieron una reunión de trabajo dentro del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos de 2011

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Mar Álvarez, ha mantenido una reunión de trabajo, vía videoconferencia, con las unidades provinciales contra la Violencia sobre la Mujer, fiscales delegados de Extranjería, responsables de Extranjería de la Policía Nacional y Guardia Civil, responsables de Extranjería, Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno y las Subdelegaciones.

La videoconferencia ha versado sobre las funciones de las Unidades contra la Violencia de Género en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, fundamentalmente en relación con la colaboración establecida en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos de 2011.

En concreto, se ha trabajado sobre el conocimiento por todas las partes implicadas en la prevención y seguimiento de los delitos de trata, de los recursos especializados que se pueden ofrecer a las víctimas. En particular, en este caso, los recursos que se pueden ofrecer a las mujeres víctimas, simultáneamente, de trata y de violencia de género.
Del mismo modo, durante la reunión se ha analizado la participación y funciones de las Unidades contra la Violencia de Género en las reuniones de coordinación contempladas en dicho Protocolo.

Una acción centrada en cada una de las víctimas

La trata de seres humanos es un delito que implica la vulneración de los derechos de las personas, es por ello que la lucha contra ella se diseña desde una perspectiva centrada en cada una de las víctimas. La protección y atención a estas víctimas implica la coordinación de distintos niveles y entidades tanto públicas como privadas, competencias nacionales, regionales y locales.