El juicio al exalcalde de Puertollano por el coso se retoma el 24 con las cuestiones previas resueltas

Belén Rodríguez Ciudad Real / Puertollano
Joaquín Hermoso, en el juicio que se suspendió en el mes de febrero por este caso / Elena Rosa

Joaquín Hermoso, en el juicio que se suspendió en el mes de febrero por este caso / Elena Rosa

Joaquín Hermoso está acusado de prevaricación administrativa por fraccionar en 69 expedientes la segunda fase de las obras de construcción del coso polivalente de la localidad, en el año 2007. La fiscalía pide diez años de inhabilitación

Joaquín Hermoso Murillo, alcalde de Puertollano por el PSOE entre los años 2003 y 2013, vuelve el martes a la Audiencia Provincial para afrontar el juicio por presuntas irregularidades en la construcción del coso polivalente de la localidad, en el año 2007.

Hermoso, de 47 años y retirado de la primera línea política, comparte banquillo con dos técnicos municipales: el secretario general del Ayuntamiento Ángel Manso y el arquitecto técnico Juan Luis Vázquez, acusados de presunta prevaricación administrativa, un delito porque la fiscalía pide para ellos diez años de inhabilitación.

Solo una cuestión previa: documentos

El juicio, que se suspendió en febrero para dar tiempo al tribunal a resolver las cuestiones previas planteadas por las partes, se retoma el próximo martes 24. La sala solo ha admitido una documentación adicional y ha rechazado tanto la no presencia de las acusaciones populares de IU y PP (planteada por las defensas) como la transcripción de las declaraciones grabadas en la instrucción del caso.

Con las cuestiones previas resueltas se supone que el juicio comenzará con los interrogatorios de los acusados, a partir de las diez de la mañana del martes.

Amaños para favorecer a empresas

El que fuera alcalde de Puertollano está acusado de presuntos amaños para favorecer a empresas en la segunda fase de las obras del coso polivalente de la localidad, entre el año 2007 y 2008.

Adjudicaron contratos de forma directa

En los escritos de calificación provisional del caso fiscalía y acusaciones coinciden en los hechos básicos. Se supone que los tres acusados “a pesar de ser conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen el fraccionamiento del expediente de contratación del coso polivalente de Puertollano” –dicen textualmente- decidieron tramitar los distintos contratos sin publicidad y adjudicándolos de forma directa.

La ejecución de la obra superó los 2,5 millones de euros y se fraccionó en 69 expedientes por partidas de cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados.

Cimentación a Navarro Piquer

La ejecución de la partida de cimentación ascendió a 879.456,67 euros, fraccionándose en dieciocho expedientes, todos ellos de cuantía inferior a 60.101,21 euros. Se adjudicaron a la misma empresa, Construcciones Navarro Piquer S.L. En este caso se aplicó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio (procedimiento negociado sin publicidad).

Suministros y maquinaria

De suministros y maquinaria se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 575.227,41 euros, conforme a la normativa en vigor de Contratos del Sector Público, y que fueron adjudicados a diversas empresas por importe inferior a 200.000 euros (procedimiento negociado sin publicidad).

Con cargo a la partida de suministros e instalaciones para acabados de obra se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 602.566,94 euros, cuya cuantía se fraccionó en cantidades inferiores a la prevista en la normativa citada en al apartado anterior (procedimiento negociado sin publicidad).

Del Síndico de cuentas a la Fiscalía

Las presuntas irregularidades las detectó en un primer momento el Síndico de Cuentas, que fiscaliza este tipo de gestiones de los ayuntamientos. Ese tribunal envió el caso a la fiscalía que abrió una investigación de la que deriva este proceso, en 2013. En ese momento se personaron como acusación popular los grupos municipales de Izquierda Unida y el PP en el Ayuntamiento de Puertollano.

Lo que las acusaciones no han demostrado, ni siquiera indiciaramente, es que las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra, de 2,5 millones de euros, haya supuesto el enriquecimiento personal de los investigados.

Las acusaciones populares piden cárcel

Las acusaciones populares suman al escrito de calificación provisional del caso de la fiscalía un supuesto delito de falsedad documental y otro más por tráfico de influencias para el exalcalde, para el que pide siete años de cárcel.

También piden 10 años de cárcel para el secretario general del Ayuntamiento y 9 para el arquitecto técnico, además de más de veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público para  los dos últimos.