El juicio, que fue a puerta cerrada, tuvo que ser suspendido el pasado mes de septiembre cuando en las cuestiones previas la defensa solicitó la nulidad parcial alegando indefensión, al no haber tenido a su disposición el video con las declaraciones de las víctimas en la fase de instrucción, aunque sí que estuvieron presentes durante los testimonios, y se le entregó el documento de la transcripción de las declaraciones, según informaron en su momento fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Una solicitud que fue aceptada por la sala “en aras de la garantía del derecho de defensa”, retrotrayendo las actuaciones al momento previo de la presentación del escrito de defensa”, por lo que se le dio a la defensa un plazo y se le facilitó la documentación con el fin de que pudiera presentar un nuevo escrito de conclusiones provisionales, teniendo en cuenta esta nueva aportación.
LOS HECHOS
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, narra las diferentes situaciones ocurridas en las que el acusado, como sacerdote y formador de los alumnos de ESO, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, del Seminario de Ciudad Real actuó “de forma libidinosa”.
Entre los escenarios más repetidos de sus supuestos abusos, según recoge el escrito de acusación, está la piscina del Polideportivo Puerta Santa María de la capital, donde acudía con sus alumnos. Un lugar donde “aprovechaba para acercarse a ellos, hacerles subrepticios y lascivos tocamientos”. Varios de estos episodios tuvieron también lugar en las propias habitaciones de los alumnos, donde “solía entrar sin avisar”.
Así, la Fiscalía ha solicitado 16 años de prisión por cuatro de los delitos, 24 por seis de ellos y finalmente la cantidad 83.160 euros, que es la suma de las multas impuestas por los once delitos restantes de los que se le acusa.
Además, solicita la prohibición de desempeñar actividades que le faciliten la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza; la obligación de participar durante cinco años en programas formativos, laborales, culturales u otros similares e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores durante seis años. También ha pedido la indemnización de 2.000 euros a cada uno de los menores por el daño moral.
El presunto caso de abusos sexuales se conoció en marzo de 2016 cuando el Obispado de Ciudad Real informó de que había mandado un informe sobre el mismo al Vaticano y que había dado traslado a la Fiscalía. A continuación, la Fiscalía presentó la correspondiente denuncia que ha dado pie al proceso cuya vista oral se reanuda este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y está previsto que se dilate durante varios días.
