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29 marzo 2024
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      Imagen de archivo del juego de 'Las caras' de Calzada de Calatrava / Vox
      Ricardo Chamorro, Milagros Calahorra y Emilia Martín, hermano mayor de la Flagelación
      • Cofrades y fieles en el templo / J. M. B.
      • LA Virgen del Mayor Dolor / J. M. B.
      • El Cristo estaba preparado /J. M. B.
      • Se realizó el Viacucis en el templo / J. M. B.
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      El presidente de la Diputación -c- con la Hermandad del Ecce Homo (Pilatos)
      Hermanos y fieles lamentan la suspensión / Antonio López
      Armaos en la Ruta de la Pasión Calatrava en Aldea del Rey / Elena Rosa
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      Los fieles acudieron a orar al Nazareno / Elena Rosa
      El Guardapasos se llenó de fieles este Jueves Santo / Elena Rosa
      La Hermandad de la flagelación tampoco pudo salir en procesión / Elena Rosa
      Hermanas del Silencio que iban a acompañar a la Virgen / J.M. Beldad
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El papel de Ciudad Real y Castilla-La Mancha ante el nuevo reto constitucional

constitucion española CM 14
La Constitución de 1978 cumple este 6de diciembre 41 años /Clara Manzano
J. M. Izquierdo / CIUDAD REAL
Este 6 de diciembre se cumple el 41 aniversario de la aprobación en referéndum por par parte del pueblo española de la vigente Constitución de 1978. Hace un año, la cifra redonda del 40 aniversario dio pie para resaltar la importancia de la Carta Magna y su influencia en haber contribuido a una de las etapas más fructíferas de la historia de España. Un año después, las circunstancias políticas dejan en el aire la posibilidad de un cambio sustancial en la organización del Estado en el que tierras como Ciudad Real, Castilla-La Mancha, están viendo de lejos lo que se cuece en otros lares donde el objetivo no es el beneficio para toda España.

Hace ahora justamente un año, España y los españoles –la mayoría, al menos- celebraban con satisfacción el 40 aniversario de la Constitución de 1978. Era una cifra redonda, de esas que invitan a sacar pecho y a hacer una valoración positiva de los hechos históricos que han tenido una repercusión positiva para la evolución de un país.

En el semanario de Lanza, con tal motivo, invitamos a dos personas que venían de dos mundos –el sindical y el universitario- que habían contribuido en gran medida a que en España se instaurara un sistema democrático –con todas las limitaciones que se quieran poner- después de otros cuarenta años de una dictadura tras una guerra civil, la de Franco, que marcó la vida del país durante buena parte del Siglo XX, dejando una huella que todavía se percibe y que, algunos, tratan de mantener viva, aunque digan que pretenden lo contrario, a saber por qué intereses políticos y partidistas.

En años anteriores, en estas mismas páginas del semanario de Lanza, habíamos hablado con catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para tratar de intuir, de averiguar, cómo se podría cambiar la Constitución, como mejorarla en suma, ante los movimientos más o menos convencidos que había en ese sentido.

Eran planteamientos teóricos basados en una realizad que ya se empezaba a intuir, pero que no iban más allá de un ejercicio intelectual ante lo lejano de cualquier atisbo de que pudiera estar en juego la supervivencia de la actual Carta Magna.

Las palabras del año pasado del sindicalista –Agapito Alcarazo, natural de la provincia, que fue dos veces presidente a nivel estatal del Comité de Empresa de Renfe- y del universitario Juan Ramón del Páramo –catedrático de Filosofía del Derecho, que ha realizado casi toda su carrera docente en la UCLM, primero en Albacete y luego en Ciudad Real- se centraban más en los esfuerzos que hubo que hacer para conseguir un texto que convenciera a todas las fuerzas políticas, las que venían del régimen anterior y las que venían de la clandestinidad y el exilio. Ambos, a su nivel, habían estado cerca de esas negociaciones para alcanzar ese objetivo.

También hicieron un repaso de cómo se habían superado momento complicados en estas últimas cuatro décadas -las crisis económicas, el intento de golpe de Estado de Tejero, los intentos de ciertas comunidades en ir más allá en sus competencias, los destrozos sociales de la corrupción…-.

Al final, el balance para ambos era mayormente positivo, aunque no obviaban críticas y no dejaban de apuntar cuestiones que deberían ajustarse a los tiempos actuales para hacer del texto una norma más efectiva y adoptada al momento histórico presente.

Al cumplirse los 41 años de la vigencia de la Constitución de 1978, tan solo doce meses después de lo anterior, las cosas han cambiado una barbaridad. Se han acelerado de tal manera que nadie sabe por dónde va a salir el aire.

Ante ello, para recordar un año más la Constitución, su trascendencia y su defensa, no parecía convincente seguir hablando desde el análisis intelectual universitario y sí abordar el camino de la vida a pie de hechos que afectan a la gente, como apuntaban las intervenciones del sindicalista y del catedrático de hace doce meses.

La Constitución ha pasado de ser un texto referente para generaciones de españoles a correr el riesgo de saltar en pedazos por mor de las necesidades electorales y deseos de poder de algunos políticos, que están anteponiendo su acceso al poder a cualquier otra consideración.

Se trata de analizar, desde la información que llega a borbotones diarios de todos los lugares y medios y desde la experiencia de vida y profesional, en qué puede afectar las amenazas que se ciernen en tierras como Ciudad Real, como Castilla-La Mancha, que, todavía están muye lejos de haber sabido aprovechar todos los beneficios que se contemplan en la actual Carta Magna.

En su valoración en la entrevista del año pasado, el sindicalista Alcarazo apuntaba un dato clave en este sentido. Las diferencias económicas y sociales entre comunidades autónomas. La Constitución marcaba los mecanismos necesarios para logar el imprescindible equilibrio económico y la cohesión social entre los distintos territorios. Ciudad Real, Castilla-La Mancha, otras, todavía están esperando que esto ocurra.

La evidencia nos dice que esto no es así, que existen unas diferencias más que notorias entre el llamado arco del Mediterráneo y la zona centro, con zonas como las dos Castilla, Extremadura o buena parte de Andalucía.

Estas zonas, sin idioma propia, sin otras circunstancias especiales que les impulsen a plantar cara ante la situación de renovación de las bases del Estado que se están promoviendo desde comunidades como Cataluña o el País Vasco, también en Valencia o Baleares, tendrán algo que decir antes de que sea demasiado tarde, en todo caso.

En años anteriores, los apuntes que hablaban de una reforma de la Constitución quedan ahora como un poco naif. Ante la terrible marejada de fondo y a ras de suelo que existe, quién se acuerda de aquello de cambiar la norma para quitar la preeminencia del hombre sobre la mujer a la hora de heredar la Corona o lo de citar con su nombre a todas las comunidades autónomas en la Constitución.

Cuando se pone en cuestión hasta la propia forma de Estado, monarquía o república, todo lo demás queda muy sin importancia. Todo empezó cuando desde Podemos se comenzó a hablar con desprecio y despecho del “régimen del 78”, con la intención malsana de comparar la etapa constitucional con la etapa franquista.

Esto le dio votos, aunque luego se haya venido a menos. Para reforzar estos planteamientos, se han dado a conocer estadísticas sobre cuántos de los actuales españoles vivos votaron la Constitución en su día. El hecho de que estén por debajo del 50 por ciento de la población en estos momentos, ha dado pie a todo tipo de elucubraciones para seguir cuestionando la vigencia de la Carta Magna.

El consenso que permitió la redacción del texto constitucional y que facilitó el paso de un régimen dictatorial a un sistema democrático ahora mismo no existe. Las trincheras a derecha e izquierda parecen excavadas a gran profundidad y dejan difícil poder levantar los ojos por encima de ellas y ver un horizonte medianamente mejor.

Sin duda, en todo caso, la situación se hizo más compleja definitivamente con la moción de censura de los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, que llevó a la Presidencia del Gobierno al redivivo secretario general socialista Pedro Sánchez con el apoyo de una amalgama de partidos, entre los que destacaban los grupos independentistas catalanes que, apenas meses antes, habían intentado declarar de forma brusca, aunque si se quiere algo chusca, la república de Cataluña.

Ese acuerdo de conveniencia para sacar al PP del poder no tenía mayor recorrido.  Apenas meses después se rompía la alianza al negarse los catalanes a aprobar unos Presupuestos del Estado al no conseguir el precio de sus demandas nacionalistas e independentistas que habían puesto en la balanza cuando apoyaron la moción de censura.

Las nuevas elecciones del pasado mes de noviembre no han cambiado las cosas. Si cabe, han complicado las cuentas a la hora de sumar apoyos para un nuevo Gobierno, porque las contraprestaciones que se ponen sobre la mesa son las mismas y, en ellas, siguen sin tenerse en cuenta a tierras como Ciudad Real, Castilla-La Mancha, y otras que ni tan siquiera son convidadas de piedra, sino que parece que solo podrían asentir a lo que se les ofrezca de primer plato, segundo palto y postre.

Si se consumara esta opción, la cuestión ya no sería qué se reforma de la Constitución, sino que se trataría de saber qué quedaría de ella. Una situación radicalmente diferente de lo que pasaba ahora hace un año, cuando se celebraba ese cuarenta aniversario tan redondo y se hablaba de una experiencia de país muy positiva en muchos siglos de historia de España.

De todas formas, queda mucho por desentrañar. Los socialistas se curaron preventivamente ante una situación como la que se está dando ahora y parece que se puede consumar en aquel tumultuoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.

Su regreso bajo palio de la militancia tras las primarias hace imposible volver a repetir la experiencia, aunque dirigentes históricos del PSOE estén mostrando estos días su disconformidad con lo que está ocurriendo con la inclusión de Podemos en el próximo Gobierno –con un Pablo Iglesias y una Irene Montero que han cumplido la máxima de pasar de ser los más radicales de izquierda a disfrutar de los mejores beneficios de la burguesía más clásica a la que despreciaban en cuanto la ocasión lo ha facilitado- y el precio que habrá que pagar a los independentistas catalanes y, por ende, a los nacionalistas vasos, siempre agazapados a la espera de jugar su baza.

Habrá que medir los tiempos, pero, en este puzzle, habrá que esperar las posturas del castellano-manchego García-Page y del aragonés Lambán. Las palabras de la andaluza Susana Díaz, otrora contrincante de Sánchez en las primarias y “enemiga íntima” interna, dan a entender que su posición se ha vuelto más acomodaticia ante la imposibilidad de derribar su estatua.

Page, el barón socialista con más poder en su territorio en la actualidad, y Lambán han mostrado su postura en favor de la actual Constitución, pero sus palabras todavía están lejos de haber llegado al choque de trenes al que, en un momento dado, puede llevar la situación.

El último barómetro del CIS apuntaba que la “cuestión catalana” había influido en el voto del 49 por ciento de los españoles en las elecciones de noviembre. Es fácil de entender en qué territorios se acumula más esa influencia. García-Page y Lambán lo saben.

Una única rendija para que la mayoría de españoles puedan aspirar a mantener la actual situación la fija la propia Constitución que establece que para una reforma del texto serían necesario 2/3 del Congreso y del Senado y ratificada en referéndum por los españoles.

Sería un ejercicio muy peligroso que cualquier reforma se abordara sin, al menos, el consenso de los dos grandes partidos nacionales. Cualquier otro camino sería un error y no llevaría a  ninguna parte buena.

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