La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha acusado este miércol4es al presidente regional, Emiliano García-Page, de haber creado una “red clientelar” personal y política con el real decreto del pasado mes de julio por el que se incorporaban 117 personas para ocupar altos puestos en la Administración autonómica.
Este decreto fue publicado el 30 de julio pasado y entró en vigor el 7 de agosto, fue recurrido en su día por el sindicato STAS—CLM y ahora ha sido denunciado por el sindicato CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M).
Merino se ha sumado a las críticas sindicales a esta decisión y que ha remarcado que García-Page, con esta decisión, eleva en un 80 por ciento el número de altos cargos del Gobierno regional, que pasan de 76 a 137.
La parlamentaria “popular” ha señalado que esta operación tendrá, tal como han calculado los propios sindicatos, un coste de 25 millones de euros durante toda la legislatura. Merino ha concretado que, por ejemplo, 22 de esas personas son asesores de comunicación, con un sueldo anual de 55.OOO euros, y que solo estarán dedicados a llevar las cuentas de Twiter y Facebook de los consejeros.
Para la diputada del PP, “la mayoría absoluta” de García-Page “nos está saliendo cara” y ha indicado que con este decreto el presidente regional crea “un regimiento socialista, una administración paralela” que “consolidarán sus puestos” sin haber pasado ninguna oposición.
Merino ha recordado que este decreto se aprobó sin que hubiera memoria económica, algo que fue puesto de manifiesto por los sindicatos en la última reunión de Mesa Sectorial de Funcionarios sin que hubiera respuesta por parte del Gobierno.
Un silencio que la dirigente “popular” ha comparado con el mismo silencio que mantiene García-Page sobre la sentencia de los ERES o la negociación del presidente en funciones Pedro Sánchez con los secesionistas catalanes.
