Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han informado esta semana del resultado de diversas gestiones de coordinación a distintos niveles para «compensar la situación noqueada del Gobierno de Pedro Sánchez, circunscrito a tapar los escándalos diarios que le afectan», indica el PP en nota de prensa. Añade que en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el Grupo Parlamentario Popular «ha logrado aprobar sus proposiciones No de Ley para paralizar los intentos de deterioro de la Justicia, cumplir el nuevo Reglamento europeo de la Inteligencia Artificial y responder a los aranceles con una política nacional y europea».
“Hemos exigido que finalicen las acciones y omisiones del Gobierno que afectan a la fortaleza del poder judicial y las instituciones. El Ejecutivo pretende a través de reformas acabar con la resistencia del poder judicial a sus políticas de invasión de derechos y órganos, debilitando nuestra imagen, democracia y la credibilidad en Europa y el resto del mundo”, han declarado. Los diputados ciudadrealeños recuerdan «la urgencia de hacer reformas que blinden las garantías de máxima autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo. Asimismo, consideran imprescindible el cese del Fiscal General del Estado por el grave incumplimiento de sus funciones, y señalan que al deterioro institucional se suma el incumplimiento constitucional de la pérdida de imparcialidad: “La situación del Fiscal General del Estado, procesado, es insólita y gravísima. Se aferra al cargo con apoyo del Gobierno, y ya no es una cuestión interna, sino que nos coloca en alerta roja ante las instituciones europeas”, han denunciado.
Recuerdan también que «los informes de evaluación elaborados por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (informe GRECO) recomendaban llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de subsanar las deficiencias identificadas sobre la elección de los vocales de procedencia judicial en ese órgano. El Gobierno se mantiene en rebeldía constitucional en lo referido al cumplimiento de los informes de Estado de derecho de la Unión Europea”, han asegurado.
Además de exigir al Gobierno la rendición de calidad institucional ante la Unión Europea, el Partido Popular en el Congreso «ha sido apoyado para obtener otras dos victorias parlamentarias. Se solicita al Ejecutivo que la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) publique urgentemente el procedimiento de evaluación de los sistemas de IA ajustado al Reglamento Europeo, así como un formulario digital oficial para que las empresas puedan solicitar la información pedida por dicho Reglamento, y que se fijen plazos claros y vinculantes de supervisión y autorización, para equilibrar el avance de la IA con el respeto a los derechos de las personas, sin frenar la innovación ni los beneficios de su buen uso», añadiendo que «la denuncia de la Comisión Europea a nuestro país, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no facultar correctamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para aplicar el Reglamento de Servicios Digitales, ha sido la gota que colma el vaso de la gestión deficiente en este tema”, han manifestado, y aclaran que AESIA tendría que estar ya supervisando e inspeccionando a los operadores y proveedores de sistemas de IA.
Finalmente, han anunciado que el Partido Popular en esta Comisión Mixta para la Unión Europea ha propuesto medidas enfocadas a impulsar una respuesta nacional y europea a la crisis arancelaria, “presidida por mayor ponderación que la que ofrecen los vaivenes diplomáticos de Sánchez”. De este modo, proponen una agenda basada en el fortalecimiento del marco liberal europeo, la racionalización de la normativa y el refuerzo de la competitividad de nuestros sectores productivos; consideran prioritaria una política de eliminación de los obstáculos estructurales que lastran el crecimiento de nuestras Pymes e industrias y señalan que es más necesario que nunca un entorno fiscal incentivador y una visión de Estado. “La iniciativa aprobada exige coordinar con la Unión Europea un marco temporal de ayudas para compensar las contramedidas arancelarias a los sectores afectados y crear un fondo específico español a disposición de las empresas afectadas”, han terminado.
