Los senadores del PP por la provincia de Ciudad Real han mantenido este jueves por la tarde un encuentro con funcionarios de prisiones para comunicarles la tramitación de la proposición de ley que dará respuesta a su principal reivindicación en los últimos años: el reconocimiento como agentes de la autoridad.
Rosa Romero, Leopoldo Sierra y Raúl Valero han comunicado al sector que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó este mismo miércoles la modificación de la ley penitenciaria, que ahora seguirá su tramitación en el Congreso. La medida contó también con el apoyo del PSOE y del resto de formaciones, salvo Bildu, que lo rechazó.
“Estas son las leyes de Feijóo”, ha destacado Romero, según ha añadido, “frente a las iniciativas legislativas del PSOE y sus socios, que son las de la amnistía, la reducción de las penas a corruptos y malversadores y la Ley del Solo Sí es Sí, que han sacado de las cárceles a los violadores”.
Tras hacer referencia a la labor que realizan en los centros penitenciarios de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan en Ciudad Real, Rosa Romero ha tildado de “necesaria y urgente” esta modificación, dada la función “tan importante y necesaria” que realizan los funcionarios de prisiones dentro del Estado democrático y de derecho.
Los cambios que incorpora la proposición de ley
De este reconocimiento como agentes de la autoridad se beneficiarán 21.500 funcionarios de prisiones en España, entre ellos, 14.500 dedicados a labores de vigilancia. Sierra ha destacado que “aunque nadie duda de la autoridad que representan en la prisión, hasta ahora no había ninguna ley que se lo reconociera”.
Esta medida, que entre otras cuestiones supone equiparar sus informes y dictámenes al mismo nivel que el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además del mismo grado de protección ante situaciones conflictivas y derecho a indemnizaciones ante agresiones, responde para el Partido Popular al objetivo de “tolerancia cero a la violencia en las cárceles”.
Así pues, Leopoldo Sierra ha recordado que en 2023 se registraron en las cárceles españolas 508 agresiones a funcionarios, “un 12 por ciento más que el año anterior”. “Es importante que los problemas de los funcionarios no se queden dentro de las prisiones”, ha cerrado el también alcalde de Daimiel.
