La grave agresión sufrida por un médico el mes pasado en Camarena (Toledo) en una visita domiciliaria, y las protestas posteriores de sus colegas en hospitales y ambulatorios castellano-manchegos, vuelven a poner el foco en el malestar por el clima de tensión en la relación enfermo-paciente.
En Ciudad Real el Sindicato Médico pidió hace unas semanas “medidas reales” y preventivas antes de que ocurra algo irremediable –el doctor de Camarena sigue en estado crítico en la UCI-, en una concentración de condena por lo ocurrido. Pero la realidad, al margen de comentarios, es que son muy pocas las denuncias que salen de los centros de salud, y eso que en provincias como Ciudad Real existe un protocolo de actuación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de algo menos de un año.
Denuncias: sobran dedos de una mano
“El convenio [octubre del año pasado] está funcionando pero la realidad es que las denuncias que nos llegan se pueden contar con los dedos de una mano; hablo del ámbito Policía Nacional”, asegura el comisario provincial Miguel Méndez.
Este protocolo, que obedece a un plan estratégico de la Secretaria de Seguridad en todo el país, “está funcionando perfectamente y pretende mejorar la seguridad objetiva y subjetiva, pero hay muy pocas denuncias”, recalca Méndez, que se suma al consejo de los propios colegios profesionales: hay que denunciar.
Interlocutor policial sanitario
El protocolo fija la creación de la figura del interlocutor policial sanitario, en este caso un agente adscrito a la comisaría de Ciudad Real que mantiene contacto con las instituciones que representan a los médicos y al resto de profesionales del ámbito de la salud. “Tienen su contacto y en cualquier momento le pueden llamar para pedirle consejo, una reunión o lo que sea”.
Unos 20 acompañamientos policiales al mes
En paralelo y “desde hace muchos años”, recalca el comisario, los cuerpos de seguridad hacen acompañamientos a personal sanitario en atenciones que se consideran de riesgo. “Por lo general nos llaman a través del 112 para asistencias a enfermos psiquiátricos o personas agresivas. Esto se hace a través del grupo de Seguridad Ciudadana y hacemos una veinte de media al mes sólo aquí en la comisaría de Ciudad Real”.
En el Colegio de Médicos también comparten la preocupación porque los profesionales se callen. “Tanto las denuncias verbales como las físicas están aumentado, pero ni siquiera las encuestas reflejan la realidad”, explican.
Como ocurría antes con la violencia machista y con las agresiones sexuales, médicos y profesionales sanitarios callan más de lo que deberían. Un ejemplo es la propia encuesta del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos. Según los datos ocho sanitarios fueron agredidos en 2017 en la provincia de Ciudad Real, sin embargo la propia encuesta interna del colegio, anónima sobre 2.300 personas detectó cuarenta casos, prácticamente todos en la sanidad pública.
La última reforma del Código Penal (2015) elevó al rango de atentado a la autoridad las agresiones a médicos y docentes en el ejercicio de su actividad profesional y desde entonces se han conseguido algunas sentencias condenatorias por agresiones. La primera de más relevancia en Ciudad Real es del año pasado: se condenó a una mujer a veinte meses de cárcel en la comarca de Puertollano.
