El socio inversor de Andamarc arremete contra Reina y Rivas: “Me dejaron solo con 6 millones de deuda”

Belén Rodríguez Ciudad Real
Marco Reina y Daniel Rivas, en el banquillo de los acusados escuchando la declaración de Alfonso Manzanares / Clara Manzano

Marco Reina y Daniel Rivas, en el banquillo de los acusados escuchando la declaración de Alfonso Manzanares / Clara Manzano

El actual administrador único de la residencia desmonta la versión de los fundadores, acusados de administración desleal y apropiación de entre 2 y 3 millones de euros. Testifica que no se habló de que cobraran sueldo por su trabajo en la sociedad y dice que confió en Reina “porque se movía por el Ayuntamiento de Ciudad Real como Pedro por su casa”, en esa época (2011-2013)

La construcción y puesta en funcionamiento de la residencia de mayores Andamarc en Ciudad Real entre 2011 y 2013, hoy un centro con buenas referencias frente al Hospital General no fue un camino de rosas.

La prueba es el juicio por presunta administración desleal que se ha retomado este miércoles en la Audiencia Provincial contra los socios fundadores, el fisioterapeuta Marco Reina y el arquitecto Daniel Rivas, para los que la fiscalía pide tres años de cárcel y que devuelvan unos dos millones de euros por sobrecostes y facturas que endosaron al grupo Andarmarc valiéndose, supuestamente, de hasta nueve sociedades interpuestas.

“Me dejaron solo ante Globalcaja con 6 millones de euros de deuda, nadie me quería avalar, hasta que conseguí refinanciarme arriesgando todo mi capital con un banco holandés”, ha testificado hoy el empresario Alfonso Manzanares, ahora administrador único de la residencia.

Se la jugaron a Alfonso Manzanares

Manzanares, socio mayoritario desde julio de 2013 con la mercantil Manzanares Barchino, ha reconocido que hasta esa fecha, cuando le presentaron “tres hojas de balance de gestión vergonzosas”, no tuvo conciencia de que se la habían jugado.

En ese estadillo de cuentas de 2012, que sometieron a la aprobación de la junta de accionistas, aparecían reflejados una serie de impagados, entre ellos una factura a uno de los socios minoritarios por unos 60.000 euros. Sin embargo llamaba la atención otra partida de 1,7 millones de euros que sí se había pagado a la sociedad Calidad y Gestión Mancha. Manzanares consultó con su asesor fiscal, al que llevó a la junta, y al hacer una pregunta simple ¿quién es Calidad y Gestión Mancha?, se dieron cuenta de que pertenecía a Reina y Rivas y saltaron las alarmas.

El siguiente paso, según ha testificado hoy el empresario, fue exigir documentación, hacerse con el control del grupo “porque era el único que había avalado con mi capital el préstamo de Globalcaja” –ha dicho-, destituir a Reina y a Rivas como administradores (no sin esfuerzo, la notaria que asistió a la primera junta para destituirles no reflejó su cese en el acta inicial, ha explicado el asesor fiscal), llevar la documentación a la fiscalía y poner una querella criminal contra ellos.

Todo saltó por los aires en 2013

En ese año la residencia ya había abierto, pero la sociedad hubiera quebrado, según Manzanares, de no haber tomado las riendas en unas condiciones dramáticas para él. “Yo tenía mi proyecto de vida con hecho con mi empresa [la ITV de Valdepeñas] y todo saltó por los aires por esto”, ha declarado a preguntas de la defensa de Reina, que considera que su único fin era quedarse con el control de la residencia y echar del proyecto a los promotores, Reina y Rivas.

Alfonso Manzanares, actual administrador único de Andamarc, durante su declaración en el juicio por presunta administración desleal y estafa / Clara Manzano

Alfonso Manzanares, actual administrador único de Andamarc, durante su declaración en el juicio por presunta administración desleal y estafa / Clara Manzano

“Reina cobró 4.000 euros de sueldo al mes”

Este empresario, que ejerce la acusación particular contra Reina para el que pide 9 años de cárcel por estafa y otros delitos (con Rivas han llegado a un acuerdo), ha negado que los administradores tuvieran que cobrar sueldo por su trabajo, como declaró Reina en la primera sesión del juicio. “Lo único que cerramos es que cuando estuviera en marcha la residencia él trabajaría como fisioterapeuta y cobraría por ello, pero después de abierta”, ha remarcado. En 2013 se enteró de que Marco Reina había cobrado más de 4.000 euros mensuales por su trabajo, según las acusaciones de forma irregular.

En cuanto a que Daniel Rivas fuera el arquitecto del proyecto, ha dicho que no se habló de eso, sólo que él se encargaría de las gestiones que tuvieran que ver con la rama arquitectónica.

Manzanares, que se define como “socio inversor, no capitalista”, ha declarado que aportó 600.000 euros a la sociedad inicial, que constituyeron en junio de 2010 Marco Reina y Daniel Rivas con 200.000 euros cada uno. El objetivo era la explotación, construcción y prestación de servicios de residencia para la tercera edad, así como servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales.

Globalcaja impuso que no hubiera contratación directa

Un año después en 2011 firmaron un contrato de ejecución de obra con la constructora Encoman SL pero se reservaron la ejecución directa de varias partidas, como la dotación de equipamientos de mobiliario, lavandería y cocina de la residencia y el control técnico, según dicen porque fue una de las condiciones que les puso la entidad que financiaba el proyecto, Globalcaja.

Como Pedro por su casa en el Ayuntamiento

En esos primeros años este socio dice que confió plenamente en los que llegó a llamar “sus chicos” (un correo electrónico al que se ha referido la defensa de Reina), sobre todo “porque se movían por el Ayuntamiento de Ciudad Real como Pedro por su casa”, ha declarado Manzanares. Reina y Rivas negociaron con el equipo de Gobierno de entonces la cesión de los terrenos a cambio de una serie de plazas públicas en el centro.

En la sesión de hoy también han testificado los otros dos socios minoritarios del proyecto inicial, uno de ellos Antonio Izquierdo, que ha explicado que fue el conseguidor del crédito de unos siete millones de euros con Globalcaja. Lo ficharon como asesor técnico por su experiencia en sanidad y gestión de residencias de mayores y participó hasta que llegó la financiación.

Reina no escondía que cobraba

A este testigo le consta que Reina no ocultaba (al menos a él) que cobraba por las gestiones que estaba haciendo para la sociedad, “me dijo que había dejado su negocio por esto”, ha declarado.

Menos benevolente con el principal acusado ha sido el exsocio Crescencio Pérez, propietario de una empresa de montajes al que Reina “ilusionó”, ha dicho, con el proyecto de la residencia. Entró con 150.000 euros en la sociedad con el compromiso de que su empresa haría la instalación eléctrica y la climatización.

El contrato se hizo con Encoman, la empresa constructora, pero cuando llegó la hora de firmar –según ha declarado en el juicio-, Reina y Rivas le dijeron que sacara la partida de climatización. Luego se enteró que esa partida, como otras de cocina, lavandería y control técnico se la encargaron a otras empresas, pero fueron sociedades de Rivas y Reina las que facturaron para Andamarc.

A él le dejaron a deber dinero y cuando se enteró de que los otros dos socios sí habían cobrado y sobrecargado costes a nombre de sociedad llegó a un acuerdo con Manzanares y le vendió sus acciones.

En la sesión de este miércoles también han declarado dueños de empresas que equiparon a la residencia, pero facturaron a sociedades de los acusados, y han confirmado que lo hicieron a precios muy inferiores de los que pagó Andamarc.

También ha testificado el arquitecto Ricardo Manuel Moraleda, que según ha dicho llegó a un acuerdo con Rivas mediante el cual el primero asumía el trabajo técnico del proyecto arquitectónico de la residencia, primero, y luego de las viviendas tuteladas, pero en un caso percibía el 50% del importe total y en otro el 63%, el resto era para el empleador “que aportó ideas más como propietario que como arquitecto empleado en el proyecto”, ha remarcado este testigo.

El juicio se reanudará en la sección segunda de la Audiencia el próximo miércoles 21 de noviembre con las pruebas periciales.