El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) revoca en parte la sentencia de dos años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Ciudad Real al guardia civil J.L.G.L., juzgado por supuestos delitos de corrupción en el puesto de Almadén, y lo absuelve del delito más grave por el que fue condenado, el de revelación de secretos.
El alto tribunal estima que no se ha probado que cometiera ese delito, como apreció el jurado popular que juzgó el caso el año pasado, y solo considera probado el delito de falsedad documental, que el acusado reconoció en el juicio. Para este único delito la pena es de seis meses de prisión (fue condenado a dos años y seis meses de cárcel) pero la novedad es que no tendrá que cumplir otro tanto de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, en su caso guardia civil, bastará con la suspensión equivalente al tiempo de condena.
Con está mínima pena queda todavía más descafeinado el caso por el que la sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgó a cinco personas, incluidas el guardia J.L.G.L., que pasó un mes en prisión preventiva, durante la investigación de la operación ‘Cinabrio’ entre los años 2020-2021, por supuestamente aceptar regalos a cambio de favores, todo un escándalo en la comarca de Almadén.
Una sentencia “que restaura su honorabilidad”
“Siempre he creído en la inocencia de mi defendido. Su absolución por los delitos de cohecho y revelación de secretos ha sido un acto de justicia y debe ser una restauración de su honorabilidad como guardia civil”, asegura su abogado, Ángel María Rico.
Pedirá la reincorporación al cuerpo
Con este nuevo fallo judicial el guardia civil J.L.G.L., que no ejerce desde que lo detuvieron e investigaron junto a dieciséis personas más, seis de ellas guardias civiles, incluido él mismo, pedirá la reincorporación al puesto.
Un calvario personal de cuatro años
El abogado del veterano guardia civil, que ha vivido un calvario personal de casi cuatro años, reafirma a pesar de todo su convencimiento en la “bondad del tribunal del jurado como medio eficaz de enjuiciamiento y participación ciudadana en la administración de justicia».
Fue el jurado quien absolvió de cohecho, el delito más grave, al guardia civil y al resto de acusados (cuatro personas más) de otros delitos, en un caso en el que Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron quince años y medio de prisión, aparte de la inhabilitación como guardia civil.
Revelación de secretos por consultar una matrícula
El jurado absolvió en octubre del año pasado del delito de corrupción (cohecho), tanto al acusado como a los otros cuatro implicados y supuestos corruptores, aunque consideró probado que el guardia civil accedió a la base de datos exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado (SIGO) para revelar datos de la matrícula de un coche a su cuñado, y falsificó una firma de un pliego de descargo a la multa de un conocido, dos hechos puntuales, no continuados.
Sin embargo el TSJCLM dice que no hubo revelación de secretos en el caso de la consulta de matrícula. El jurado entendió que concurría además la atenuante de dilaciones indebidas.

Se desmonta la magnitud de la actuación inicial
Tanto el juicio como el veredicto; además de la sentencia de la Audiencia Provincial de 2024 y ahora el fallo de apelación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, han desmontado la magnitud de la investigación inicial, con actuaciones secretas.
Diecisiete personas, seis de ellas guardias civiles, fueron detenidos cuando estalló el escándalo, por una denuncia anónima remitida tanto al juzgado de Almadén como a la comandancia de la Guardia Civil.
Ángel María Rico remarca en declaraciones a Lanza el final de este caso, «después de haber salido esposado del juzgado de Almadén en noviembre de 2021 y haber estado más de un mes de prisión preventiva»
El letrado solicitará la suspensión de la condena mínima de prisión en ejecución de sentencia, en cuanto a la suspensión de empleo por seis meses dice que ya la tiene cumplida por la vía disciplinaria.
El anónimo contra el guardia «al que le dicen ‘el abogado»
La operación ‘Cinabrio’ que investigó supuesta corrupción en el cuartel de la Guardia Civil de Almadén, entre 2020 y 2021, comenzó por un escrito anónimo recibido a la vez en la comandancia de la Guardia Civil y el juzgado de instrucción y primera instancia único de la localidad, el 2 de septiembre de 2020.
La carta, cuya autoría se desconoce, señalaba “al guardia al que le dicen ‘el abogado”, como un supuesto “sinvergüenza” que tenía chanchullos con otras personas. El contenido del anónimo, que refería haber escuchado a dos personas hablando en un bar, le pareció de tal relevancia al instituto armado y a la jueza de Almadén, que abrieron una investigación secreta, en la que se identificó a ‘el abogado’ como J.L.G.L., el veterano guardia civil de ese puesto al que se juzgó por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, por aceptar regalos a cambio de favores.
Compartieron banquillo cuatro vecinos más de Almadén que salieron absuelto de cualquier cargo en el juicio con jurado, en octubre del año pasado en la sección primera de la Audiencia de Ciudad Real.