El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha sentenciado que el Reglamento de Caza de Castilla-La es nulo, según cuenta Ecologistas en Acción, que asegura en un comunicado que el alto tribunal regional les ha dado la razón a un recurso suyo a la norma.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha ha dictado la sentencia 234/2024 en la que falla en favor de la demandante y declara nulo de pleno derecho el Reglamento General de Caza de Castilla-La Mancha aprobado por el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, en una sentencia que Ecologistas en Acción consideran «de notoria relevancia».
El Tribunal Superior entiende que el Gobierno regional incumplió un requisito formal esencial en la tramitación preceptivo del Consejo Regional de Caza según lo establecido en la Ley de Caza regional, explican los ecologistas.
A juicio de Ecologistas en Acción la sentencia demuestra «el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación».
Dicen que la Junta beneficia «al lobby cinegético»
Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y de las ONG ambientales en el Consejo Regional de Caza, “el Gobierno regional lo que ha pretendido con el reglamento de caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente».
Entre las modificaciones que a posteriori se introdujeron en el Reglamento de Caza se argumentaban en la demanda algunos tan relevantes como el mal estado de las poblaciones de la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, «lo que debía haber llevado a excluirlas del listado de especies de caza», señala EA.
Intento de facilitar «la caza encubierta» en Cabañeros
También critican que se recurriera «al intento de facilitar la práctica encubierta de la caza en el parque nacional de Cabañeros, permitiendo a cazadores realizar controles de población». Así como los apartados que permiten generalizar las sueltas de perdices de granja en todos los cotos y que facilitan los cerramientos secundarios y los capturaderos para ciervos.
Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia los procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general.
Por otra parte, Ecologistas en Acción apuesta por la participación social en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados.
Asimismo reclama «que no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones» que se presentan y señala que si fueran atendidas «mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales».
